Gobierno se opone a reducción de aporte de pensionados

Tras la aprobación en plenaria de Senado, quedó solo pendiente de que se elija entre dos textos.

En último debate fue aprobado en plenaria de Senado el proyecto de ley que busca reducir del 12 al 4 por ciento, el pago que hacen los pensionados para recibir atención en salud, pero la iniciativa no solo tendrá que ir a conciliación en el Congreso, sino que el Gobierno mantiene su oposición y pediría declarar la inconstitucionalidad.

La Cámara de representantes le había dado el visto bueno, de manera que el beneficio fuera para todos los que culminan su vida laboral. Entre tanto, en la plenaria del Senado, le introdujeron una modificación: el beneficio solo será para las mesadas inferiores a 4 salarios mínimos, es decir, cerca de 3 millones de pesos.

El problema, según conceptuó el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, es que en ambos casos, el Gobierno se opone, por considerar que habrá un golpe duro a las finanzas de la salud. En el primer caso, el impacto sería de 3,3 billones de pesos que dejaría de percibir el fisco por aportes de los pensionados, mientras que en el segundo, el faltante sería de 2,3 billones.

Según el funcionario, como se trata de un proyecto que requiere el aval del Gobierno y no lo tiene, podría ser declarado inconstitucional.

Mientras tanto, el Congreso ya está listo para aprobar uno de los dos textos, lo que ocurrirá en próximos días.

En el país, en el 2016, había alrededor de 1’600.000 pensionados, la mayoría de ellos, con bajos salarios, mientras que el verdadero pasivo pensional lo generan las altas mesadas que recibe un porcentaje mínimo de los jubilados y deben ser subsidiadas con recursos públicos.

Detectan mercurio en mujeres lactantes de zonas mineras antioqueñas

Una investigación liderada por el docente del Tecnológico de Antioquia, Carlos Federico Molina Castaño, corroboró la transferencia de mercurio en leche materna en cuatro zonas mineras de Antioquia: dos de aluvión (El Bagre y Zaragoza) y dos de minería de beta o socavón (Remedios y Segovia).
 
El estudio, “Modelo de transferencia de mercurio en leche materna a mujeres lactantes residentes en áreas de explotación de oro con alta contaminación ambiental de este mineral”, fue premiado a la mejor Investigación Nacional en Nutrición Pública, como tesis doctoral, en el Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad de Antioquia 2016. Consistió en definir los niveles de mercurio en leche materna y los factores asociados con las transferencias de ésta a los hijos lactantes.
 
El trabajo, dado a conocer recientemente, surgió porque se habían hecho otros con respecto al efecto de la exposición de mercurio en los trabajadores, pero nunca sobre impacto en la comunidad que vive en estas zonas y que no trabaja con dicho elemento químico, así como en las madres lactantes y sus hijos recién nacidos, especialmente del sistema nervioso, que ha generado alteraciones leves hasta retraso mental severo, temblores e impotencia.
“Teniendo en cuenta que la leche materna es esencial para el desarrollo mental y neuronal de los niños, vimos que es de vital importancia llevar a cabo este estudio. Se tomó una muestra de mujeres que tuvieran lactancia exclusiva en los primeros tres meses posparto y se les aplicó una encuesta. Se eligieron 150 binomios madre - hijo en dichos municipios”, manifestó Molina Castaño, investigador titular.
 
Durante los años que duró la indagación, se confirmó la tesis planteada al inicio de la investigación sobre la transferencia de mercurio en leche materna. Se halló que el 11,7% de las madres tenían niveles altos de mercurio en dicha leche materna y que los factores de riesgo asociado con esa transferencia tenían que ver con vivir cerca de las compras de oro y quema de amalgama de mercurio dentro del hogar, indicando una liberación importante de vapores del mismo y también niveles de éste en el cabello.
 
“Lo más preocupante fue que el 50% de los niños tenían niveles de este mineral”, agregó el docente.
 
El mercurio evaporado viaja al aire, se precipita en forma de lluvia, cae en forma de agua en lagunas, mareas, océanos, lagos y, una vez transformado en forma de microorganismos, se acumula en los peces y alimentos tales como arroz, maíz, verduras, entre otros. Los niños y las madres lactantes se están exponiendo a dos clases de mercurio: metálico que se mide en la orina y mercurio orgánico o metilmercurio que pasa a la leche materna y se transfiere a los niños.
 
Ante esta cruda realidad, el investigador propone involucrar diferentes agencias locales, nacionales e internacionales y los ministerios del Medio Ambiente, Minas, Salud y Educación, y hace un llamado para que las alcaldías tomen partido en el control y la emisión de mercurio.
 
Para el docente, la distinción de que fue objeto en el Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición Humana, es el reconocimiento al esfuerzo realizado y al compromiso por la salud pública en zonas mineras. Un reto a título personal para mejorar las condiciones de áreas que han sido abandonadas y no existe presencia estatal ni gubernamental y la mejor manera de mostrarle al mundo una realidad inminente a partir de espacios de socialización y sensibilización. Y, en el campo científico, su trabajo permite evidenciar los peligros del uso indiscriminado de la minería y reducir la emisión de mercurio por medio de la implementación de tecnologías limpias.
 
La investigación en cuestión da luces sobre cómo este modelo de transferencia en mercurio podría ser aplicado en diferentes países de África y Sudoeste Asiático, que tienen el mismo modelo de minería donde se utiliza altamente mercurio como fuente recuperadora de oro.
 
“Hay que empoderar a las comunidades para que este proyecto sea sostenible en el tiempo, desde una revisión de impacto ambiental, de la mano del Estado y la comunidad; crear un cambio cultural que ayude a mitigar esta situación y evitar que el daño se siga produciendo a futuro. Se debe generar conciencia y realizar una vinculación entre universidad, Estado, empresa y sociedad para un mayor conocimiento, intervención, información y resonancia en las comunidades involucradas donde habitan indígenas, afrocolombianos, entre otros grupos poblacionales del sector de influencia minera y la comunidad en general”, resaltó, igualmente el docente del Tecnológico de Antioquia.
 
Carlos Federico Molina Castaño es profesor de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del TdeA, médico toxicólogo, especialista en Salud Ocupacional y Doctor en Epidemiología, y en el desarrollo de este importante estudio estuvo acompañado de los co-investigadores: Catalina Arango docente de la Universidad CES y de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia perteneciente a grupo de investigación de Epidemiologia y Hernán Sepúlveda docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia perteneciente a grupo de investigación de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Fuente: Carlos Federico Molina Castaño
Contacto: 3113728872
carlosfedericom@gmail.com - cmolina@tdea.edu.co

¿En Ituango se quedaron sin argumentos para revocatoria de Alcalde?

Comité revocatorio de Ituango no asistió a la audiencia pública ante el Consejo Nacional Electoral-CNE.

Las 107 revocatorias de mandato que se tramitan en la actualidad contra alcaldes y gobernadores podrían quedar suspendidas en los próximos días. 

Según el Consejo Nacional Electoral CNE, mas allá de recoger firmas, se debe comprobar si los alcaldes han incumplido su programa de gobierno, hoy Plan de Desarrollo. 

El CNE decidió evaluar cada caso en particular, pues muchos alcaldes están siendo víctimas del proceso revocatorio, no por la naturaleza que fue concebido, “sino por intereses políticos”. 

Los planteamientos del CNE se dieron el pasado 15 de mayo en una audiencia pública convocada por este Tribunal Electoral, para escuchar tanto a mandatarios, como miembros de los comités que promueven sus revocatorias. 

Como era de esperarse, muchos comités no asistieron a esta audiencia y los que asistieron no lograron demostrar el incumplimiento del programa de gobierno de los mandatarios, ni mucho menos la insatisfacción de la comunidad. 

Durante la audiencia los comités revocatorios tenían la obligación de aportar las pruebas sobre los hechos mencionados en la exposición de motivos, presentada ante la Registraduría municipal. 

La inasistencia y la falta de pruebas dejan claro el panorama, de acuerdo con lo consignado en la ley, para que pueda habilitarse una revocatoria, el alcalde debe estar incumpliendo realmente su programa de gobierno, y se tiene que demostrar la insatisfacción general de la comunidad. 

De otra parte, manifestó el CNE, que la Registraduría estaría violando el debido proceso a los Alcaldes, al no permitirles ejercer su derecho a la defensa, toda vez que estos en ningún momento fueron notificados sobre la solicitud de revocatoria de su mandato, como también se estaría violando su derecho fundamental de haber sido elegidos por el pueblo.

Al parecer, el comité revocatorio de Ituango solo se ha basado en suposiciones y no en pruebas, de acuerdo con los requisitos exigidos por el CNE para que prospere una revocatoria.

Golazo democrático


Miguel Ceballos Arévalo             
                     
Al decidir la demanda presentada por el Senador Iván Duque contra el “fast-track”, la Corte Constitucional aportó la cuota inicial para devolverle al país su institucionalidad y garantizar el equilibrio de poderes.

En una decisión histórica hecha pública el pasado jueves 18 de mayo, la Corte Constitucional de Colombia comunicó al país que dos de los componentes esenciales del “fast-track”, o trámite abreviado para la implementación de los acuerdos con las FARC, son inconstitucionales y por tanto no podrán seguir siendo aplicados como parte del proceso de debate y aprobación de reformas legales y constitucionales.

Los literales H y J del artículo primero del Acto Legislativo mediante el cual se creó el “fast-track”, respectivamente establecían que los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrían tener modificaciones siempre que se ajustaran al contenido del acuerdo final y que contaran con el aval previo del Gobierno nacional; y en segundo lugar, que en la comisión y en las plenarias de Senado y Cámara, se decidiría sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación.

Al quedar eliminadas estas dos posibilidades, la primera pregunta que surge es si la decisión de la Corte afecta el recientemente aprobado Acto Legislativo 2 de 2017, que busca “blindar” hacia el futuro los acuerdos. Esta nueva norma establece que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final” y por lo tanto “los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

En mi concepto, al no existir para el Congreso ni la obligación de que las modificaciones que introduzca el Congreso tengan que ajustarse al contenido del acuerdo final , ni que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional, ni que deban ser aprobadas en una sola votación, convierten la reforma constitucional del “blindaje futuro de los acuerdos” en un saludo a la bandera, pues a pesar que se le quiera dar una interpretación benévola, si la Corte Constitucional es coherente con sus propias decisiones, tendrá que declarar inconstitucional la obligación según la cual los contenidos del acuerdo deben ser preservados.

Es decir que hacia el futuro la Corte tendrá que repetir, repetir y repetir, que el contenido de los acuerdos si se puede modificar a partir de la facultad deliberativa del Congreso, la cual esté órgano legislativo recuperó aun en contra de la voluntad de los partidos que se entregaron ciega e irresponsablemente a los condicionamientos del gobierno y las FARC.

En cuanto a las reformas legales y constitucionales ya aprobadas por la vía del “fast-track”, el presidente de la Corte mencionó a los medios de comunicación que con el fallo no se verían afectados; amanecerá y veremos, pues hay en curso varios estudios de constitucionalidad con respecto a las reformas que dieron vida a la Jurisdicción especial para la Paz, a la Ley de Amnistía, al Estatuto de la Oposición y al mencionado Blindaje de los acuerdos. En las decisiones que se vienen con respecto a estas nuevas normas, la Corte tendrá que hacer verdaderos malabares para evitar una cascada de demandas, pues no resultará fácil explicar por qué una parte de las normas derivadas de los acuerdos fueron aprobadas democráticamente, es decir, con la posibilidad de ser discutidas y modificadas sin camisa de fuerza, y otras sí pudieron ser aprobadas limitándole al congreso su libertad de deliberación, es decir, antidemocráticamente.

Con razón el abogado Enrique Santiago y Álvaro Leyva están preocupados con la decisión de la Corte, hasta el punto de plantear una Asamblea Constituyente como única salida. La verdad es que la demanda de Iván Duque fue un “golazo democrático” que hace que el juego en el cual las FARC querían modificar las instituciones y acabar con el equilibrio de poderes, anulando al congreso y coartando al ejecutivo, cuente ahora con el arbitraje de la rama judicial, que está empezando a demostrar que para hacer efectivo el sagrado derecho a la paz, no todo se vale.

Bueno es recordar que en momentos anteriores al Plebiscito, las FARC se sometieron al veredicto de la Corte Constitucional, por ello no tiene presentación que ahora quieran cuestionar sus fallos, y pretendan recomponer su estructura y composición. Dentro de su voluntad de ser partido político, aunque no les guste, debe estar incluido el respeto a los fallos de la justicia.

*Ex Viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo
Semana, Bogotá, 20 de mayo de 2017

Los gastos de Parques educativos de Fajardo

La Contraloría General de la República ratificó graves hallazgos con presunto detrimento patrimonial en la alta inversión en publicidad, en los Parques Educativos que construyó el pasado gobernador Sergio Fajardo.

La investigación que tenía muy avanzada la Contraloría General de Antioquia, había sido pedida por la Contraloría General de la República, aplicando el principio de control preferente.

Se supone que el control preferente fue solicitado por el mismo Fajardo o por gente cercana a él, tal como sucedió en el pasado con la investigación que llevaba la Contraloría de Medellín sobre el negociado de Orbitel. La Contraloría General se la llevó para Bogotá por petición de Fajardo que era el alcalde y de Juan Felipe Gaviria, entonces gerente de EPM. La CGR la enterró, como se esperaba.

El informe de la Contraloría General de la República sobre los Parques Educativos, construidos en el Gobierno de Fajardo, ratifica todos los hallazgos de la Contraloría General de Antioquia, tal como se ha venido publicando con base en documentos oficiales.

La investigación la devolvió la Contraloría General de la República sin reparos, para que la continúe la Contraloría General de Antioquia, porque una persona no puede ser investigada doblemente por un mismo hecho.
 
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El tema de la publicidad es escandaloso, e inexplicable tal cual lo sostiene la Contraloría. En 40 contratos investigados por más de $1.366.085.507 de la publicidad de los Parques Educativos, la Contraloría sostiene que encontró “deficiencias en la gestión administrativa, la planeación y de los mecanismos de control interno aplicables, reduciendo la posibilidad de inversiones prioritarias en construcción o restauración de instituciones educativas del Departamento”, dice el informe, lo cual da lugar a un presunto detrimento patrimonial en la cuantía mencionada.

La inversión total en publicidad fue de $1.834.239.996, pero la CGA investigó 40 por el valor de $1.366.085.507 de Recursos del Sistema General de Participaciones.

“La inversión publicitaria de los PE es inapropiada y excesiva, toda vez que los fines del proyecto, sus condiciones económicas y de potencial de desarrollo, son del interés de las administraciones municipales para ponderar su gestión”, dice la investigación.

En la tabla de distribución de la pauta, aparecen unas persona absolutamente desconocidas y unas empresas que no son mencionadas en los medios de comunicación de la ciudad y de Antioquia, con unas asignaciones que superan hasta los 100 millones de pesos y aún más.

Con otro agravante: Esa publicidad nunca se vio en Medellín y en Antioquia y mucho menos en televisión.

Texto completo de la Reforma Política

El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, decreta:

Artículo 1: Adiciónese al artículo 40 de la Constitución, el siguiente inciso:
Las limitaciones de los derechos políticos decretadas como sanciones que no tengan carácter judicial a servidores públicos de elección popular producirán efectos solo cuando sean confirmadas por decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa en el grado jurisdiccional de consulta. Las decisiones que afecten la permanencia en cargos públicos serán de ejecución inmediata.

Artículo 2: Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 103 de la Constitución:
Parágrafo: Para los mecanismos de participación de iniciativa ciudadana se podrán recolectar apoyos a través de medios digitales.

Artículo 3: El artículo 107 de la Constitución quedará así:
Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas internas o interpartidistas de afiliados, de acuerdo con lo previsto en la ley.
Quien participe en las consultas internas de afiliados de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.
Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.
Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.
Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.
Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.
También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce meses antes del primer día de inscripciones.

Artículo 4: El artículo 108 de la Constitución quedará así:
Artículo 108. El Consejo Electoral Colombiano reconocerá Personería Jurídica a las organizaciones políticas con base en los siguientes postulados:
1. Se reconocerá personería jurídica, como movimiento político, a aquellas organizaciones políticas que demuestren tener una base de afiliados compuesta por al menos el 0.2% del censo electoral nacional. Los movimientos políticos sólo tendrán derecho a postulación de listas y candidatos de conformidad con las siguientes reglas:
(a) En las elecciones en circunscripciones territoriales, siempre que hayan demostrado un número mínimo de afiliados del 1% del respectivo censo electoral.
(b) En las elecciones de carácter nacional, siempre que hayan demostrado que cuentan con una base de afiliados que residen en, al menos, un numero de circunscripciones territoriales cuyos censos electorales sumados superen el 50% del censo electoral nacional.

2. Se reconocerá la condición como partido político, a aquellas organizaciones políticas que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las últimas elecciones de Cámara de Representantes o Senado.
Los partidos políticos gozarán de la totalidad de los derechos, entre los cuales se incluye postular listas y candidatos para cargos de elección popular con las excepciones señaladas en la Constitución, recibir financiación estatal, acceder a los medios de comunicación del Estado o que usen bienes públicos o el espectro electromagnético y a ejercer otros derechos establecidos en la ley.
Las organizaciones políticas deberán acreditar ante el Consejo Electoral Colombiano su registro de afiliados. La disminución del número de afiliados y las demás causales de pérdida de personería jurídica serán reguladas por la ley, sin que pueda exigirse para su preservación la obtención de un mínimo de votos en alguna de las elecciones de cargos de elección popular.
Ningún ciudadano podrá estar inscrito en la base de afiliados de más de un partido o movimiento político.
Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso para ser partido político.
El legislador deberá reglamentar el presente régimen de adquisición progresiva de derechos siempre diferenciando la condición entre partidos y movimientos políticos, así como, el procedimiento de registro de afiliados de los partidos y movimientos políticos.
La selección de los candidatos y las listas de los partidos y movimientos políticos se harán mediante mecanismos de democracia interna entre sus afiliados. El legislador definirá los tipos de mecanismos de democracia interna que podrán desarrollar las organizaciones políticas y la manera en que deberán acreditar, al momento de inscripción de sus candidatos y listas, que hicieron uso de tales mecanismos. Se deberá garantizar el cumplimiento de los criterios de equidad de género y los principios de paridad, alternancia y universalidad.
Los Estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno, acorde a lo establecido por la ley. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.
Los Estatutos Internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido.

Parágrafo 1º. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán la totalidad de los derechos que reconozca la Constitución y la ley a estas organizaciones sin necesidad de obtener, dentro de los próximos ocho años, el mínimo de votos y afiliados previsto en este artículo, sin perjuicio de las normas definidas para el nuevo partido que surja del tránsito de las Farc-EP a la vida civil.

Parágrafo 2º. La ley establecerá un régimen de transición por ocho años, incluyendo financiación para su organización y funcionamiento, así como para la divulgación de programas, para promover, estimular y fortalecer los nuevos partidos y movimientos políticos que se creen hasta marzo del 2018.

Parágrafo 3º. Los grupos significativos de ciudadanos podrán postular candidatos a cargos de elección popular conforme a lo señalado por la ley hasta el 31 de octubre de 2019. Con posterioridad a esta fecha únicamente podrán postular candidatos en las elecciones municipales y distritales.

Parágrafo transitorio. Sin perjuicio de la organización democrática que establece la Constitución para los partidos y movimientos políticos, lo establecido en este artículo en cuanto a la obligación de desarrollar mecanismos de democracia interna entre los afiliados de las organizaciones políticas para escoger sus candidatos y sus listas, solo empezará a regir a partir del proceso electoral correspondiente al año 2019.

Artículo 5: El artículo 109 de la Constitución quedará así:
Artículo 109: El Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento de las organizaciones políticas con personería jurídica.
Las campañas para la elección popular de cargos y corporaciones públicas serán financiadas preponderantemente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá, al menos, la propaganda electoral y la franquicia postal, de conformidad con la ley.
La distribución de los anticipos se realizará de conformidad con las siguientes reglas:
(i) El 50% en parte iguales entre todas las organizaciones políticas con candidatos debidamente inscritos.
(ii) Tratándose de elección de una Corporación Pública el 50% se distribuirá así: (a) un 30% en proporción al número de curules que hayan obtenido en la misma elección en el proceso inmediatamente anterior; (b) un 10% proporcionalmente al número de mujeres inscritas como candidatas en cada lista; y, (c) un 10% proporcionalmente al número de jóvenes inscritos como candidatos en cada lista.
(iii) Tratándose de elección de Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, el 50% se distribuirá en proporción al número de curules obtenidas en el Congreso, Asamblea o Concejo respectivo en la elección inmediatamente anterior.
El Estado garantizará el funcionamiento del servicio público de transporte el día de las elecciones.
Las campañas electorales y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, ni contratar transporte de electores para la fecha de elecciones y para actos y manifestaciones públicas. Las transacciones y movimientos monetarios de las organizaciones políticas y las campañas electorales deberán realizarse únicamente mediante los mecanismos y medios del sistema financiero.
La ley podrá limitar el monto total de los gastos de las campañas electorales, así como las cuantías de las contribuciones privadas.
Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el origen, volumen y destino de ingresos.
Los particulares que hagan contribuciones de cualquier naturaleza a partidos, movimientos políticos o campañas electorales también están obligados a rendir públicamente cuentas sobre el origen, volumen y destino de ellas.
La violación de los topes máximos de financiación de campañas, así como las normas de propaganda electoral, transporte de electores y movimientos monetarios, debidamente comprobadas, serán sancionadas con la pérdida de investidura o cargo. El remplazo de quien pierda la investidura o cargo por estas razones se hará mediante un nuevo escrutinio, por parte del Consejo Electoral Colombiano, descontando los votos del candidato o lista de candidatos sancionada. La Ley reglamentará la materia.
Es prohibido a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.
La ley establecerá la responsabilidad penal para los representantes legales de las organizaciones políticas, los directivos de las campañas electorales, candidatos y particulares que violen estas disposiciones.
El Consejo Electoral Colombiano implementará el Registro Nacional del Proveedores Electorales. En él se inscribirán todas las personas que suministren bienes y servicios a las campañas electorales y se registrarán precios de referencia de los mismos. Las campañas electorales solo podrán adquirir bienes y servicios de quienes aparezcan en el registro, con excepción de las adquisiciones de mínima cuantía que defina el Consejo Electoral Colombiano.
Las consultas internas de afiliados de las organizaciones políticas para la selección de candidatos a cargos de elección popular se regirán por las mismas normas de financiación que las elecciones populares.

Parágrafo: La financiación anual para el funcionamiento de los partidos políticos con personería jurídica, se incrementará, para la vigencia fiscal de 2018, en un 50%, manteniendo su valor en el tiempo.

Artículo 6: El artículo 110 de la Constitución quedará así:
Artículo 110: Se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo los miembros de las corporaciones públicas de elección popular quienes en caso de hacer tales contribuciones deberán declararlo públicamente. El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será causal de remoción del cargo o de perdida de investidura.

Artículo 7: Adiciónese el siguiente inciso al artículo 126 de la Constitución:
Nadie podrá elegirse para más de dos períodos consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local.

Artículo 8: El artículo 172 de la Constitución quedará así:
Artículo 172: Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección.

Artículo 9: El artículo 177 de la Constitución quedará así:
Artículo 177: Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 21 años de edad en la fecha de la elección.

Artículo 10: En numeral 4 del artículo 179 de la Constitución quedará así:
4. Quienes hayan perdido la investidura de Congresista, por el término que determine la sentencia.

Artículo 11: El artículo 181 de la Constitución quedará así:
Artículo 181: Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto para el desempeño de cargo o empleo público previsto en el numeral 1 del artículo 180.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés. El análisis del elemento temporal de las inhabilidades aplicables al llamado se hará teniendo como parámetro la fecha de la respectiva elección, en tanto que el de las incompatibilidades y conflicto de interés tendrá como referente la de su posesión.



Artículo 12: El artículo 183 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 183. La pérdida de la investidura de los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular procederá por las siguientes causales:

1. Haber sido condenados penalmente, por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
2. Haber violado el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses. Esta causal no aplicará por el solo hecho de reformar la Constitución Política, ni cuando se trate de considerar asuntos que afecten, al miembro de la Corporación Pública, en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
3. No asistir, por razones distintas a fuerza mayor, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley, mociones de censura, ordenanzas u acuerdos, según el caso.
4. No tomar posesión del cargo, sin que medie fuerza mayor, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de iniciación del respectivo periodo constitucional de cada Corporación.
5. Por los eventos descritos en los artículos 109 de la Constitución Política de Colombia.
6. La sentencia determinará el término por el cual el afectado no podrá acceder a cargos y corporaciones públicas de elección popular.

Parágrafo 1º. Las causales 1, 2 y 5 se extenderán a gobernadores y alcaldes con las mismas consecuencias establecidas para la pérdida de investidura. La ley desarrollará la materia.

Parágrafo 2º. Las sentencias de pérdida de investidura proferidas antes de esta reforma constitucional mantendrán su validez.

Artículo 13: El artículo 184 de la Constitución quedará así:
Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
Tratándose de Congresistas la primera instancia será conocida por una sala accidental compuesta un Magistrado de cada una de las secciones; y la segunda, por la sala plena de los contencioso administrativo del Consejo de Estado con exclusión de quienes integraron la sala accidental. En los demás casos la primera instancia será conocida por los Tribunales Contencioso Administrativos.

Artículo 14: El numeral 7 del artículo 237 y su parágrafo quedarán así:
7. Conocer, en segunda instancia, por medio de la sección correspondiente, del grado jurisdiccional de consulta de las sanciones no judiciales que limiten derechos políticos y de las nulidades de las designaciones realizadas por las corporaciones públicas de elección popular. La primera instancia estará a cargo de los Tribunales Contencioso Administrativos.

Artículo 15: El artículo 258 de la Constitución quedará así:
Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. La ley establecerá estímulos para promover el ejercicio del derecho al voto. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos.
En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

Parágrafo 1º. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

Parágrafo 2º. Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.

Parágrafo 3º. Se implementará el mecanismo de inscripción y voto a través de medios digitales, el cual iniciará con las personas residentes en el exterior. La Registraduría Nacional del Estado Civil determinará los mecanismos de identificación digital necesarios para implementar estos procedimientos.

Artículo 16: El artículo 262 de la Constitución quedará así:
Artículo 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres candidatos.
Las listas serán cerradas y bloqueadas. La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna de conformidad con la ley. En la conformación de las listas se observarán, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.

Artículo 17: El artículo 264 de la Constitución quedará así:
Artículo 264. El Consejo Electoral Colombiano se compondrá de nueve miembros, serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán períodos personales de ocho años y sus reemplazos serán escogidos por cooptación. Tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fueros y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ejercerán determinadas funciones judiciales.
El Consejo Electoral Colombiano tendrá seccionales departamentales y estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de conformidad con la ley.

Parágrafo transitorio: Los primeros nueve miembros del Consejo Electoral Colombiano deberán ser escogidos, antes del 1º de agosto de 2018, mediante las siguientes reglas:
1. El período iniciará el 1º de septiembre de 2018. Tres de ellos se escogerán para un período de cuatro años, tres para un período de seis años, y tres para uno de ocho años.

2. El Presidente de la República designará tres miembros, los cuales deberán ser seleccionados mediante convocatoria que garantice los principios de publicidad, transparencia y equidad de género. Cada uno de estos serán escogidos para ejercer uno de los periodos señalados en el numeral anterior.

3. Seis miembros serán designados por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante convocatoria que garantice los principios de transparencia, publicidad y equidad de género.

4. Los miembros del actual Consejo Nacional Electoral ejercerán las funciones del Consejo Electoral Colombiano hasta el 31 de agosto de 2018.

Artículo 18: El artículo 265 de la Constitución quedará así:
Artículo 265. El Consejo Electoral Colombiano gozará de autonomía administrativa y presupuestal tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales:
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control sobre el ejercicio de la función electoral y los procesos electorales.

2. Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil.

3. Regular, vigilar, inspeccionar y controlar toda la actividad de los partidos y movimientos políticos y de las campañas electorales.

4. Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

5. Declarar la disolución, liquidación y fusión de los partidos y movimientos políticos.

6. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado y en aquellos que usan el espectro electromagnético.

7. Llevar el registro de partidos y movimientos políticos, así como el de sus afiliados.

8. Dirimir, con fuerza de cosa juzgada, las impugnaciones contra las decisiones de los partidos y movimientos políticos.

9. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, así como sancionar su incumplimiento.

10. Aprobar y auditar permanentemente el censo electoral.

11. Decidir, con fuerza de cosa juzgada, la revocatoria de la inscripción de candidatos por causales de inelegibilidad previstas en la Constitución y en la ley. La decisión definitiva deberá proferirse con anticipación a la fecha del día de la correspondiente elección y en ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.

12. Suspender procesos electorales por motivos de orden público. Esta decisión requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de quienes lo integran.

13. Conocer y decidir, con fuerza de cosa juzgada, sobre todo tipo de reclamos y solicitudes que presenten dentro del proceso de escrutinios, con la finalidad de salvaguardar la verdad y la transparencia de los resultados, así como para sanear cualquier vicio que pudiera afectar su validez. La decisión definitiva se deberá proferir con anticipación a la fecha de posesión del candidato.

14. Efectuar, con fuerza de cosa juzgada, el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

15. Asumir, de oficio o a solicitud de parte interesada, el conocimiento directo de cualquier escrutinio. Esta decisión requiere el voto de las dos terceras partes de quienes la integran.

16. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.

17. Adelantar investigaciones e imponer sanciones por el incumplimientos de las normas sobre organización, funcionamiento y financiación de organizaciones políticas y campañas electorales, así como de normas sobre encuestas electorales y de opinión política. Para ello contará con un cuerpo técnico de investigación y funciones de policía judicial.

18. Designar, de conformidad con la ley, sus servidores públicos, así como aquellos encargados de los escrutinios en los niveles territoriales.

19. Presentar su proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su incorporación dentro del Proyecto de Presupuesto General de la Nación. Solo el Congreso podrá modificarlo.

20. En ausencia de ley, regular el ejercicio de sus funciones.

21. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materia de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.

22. Convocar elecciones atípicas.

23. Convocar y coordinar comisiones de seguimiento electoral interinstitucional.

24. Darse su propio reglamento.

25. Las demás que le confiera la ley.

Las funciones previstas en los numerales 8, 10, 12 y 13 tendrán carácter jurisdiccional.
Para garantizar la doble instancia en el ejercicio de estas funciones, el reglamento creará sala de primera instancia compuesta por tres miembros, dejando a los seis restantes la segunda instancia. Cuando la primera instancia se haya surtido antes sus seccionales, la segunda la conocerá la sala plena del Consejo Electoral Colombiano.

Artículo 19: El artículo 266 de la Constitución quedará así:
Artículo 266: El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley. Su período será de cuatro años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección.
Ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella disponga.

La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de conformidad con la ley. Cualquier contratación deberá responder de manera estricta a los principios de publicidad, transparencia y criterios de méritos.

Parágrafo: La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de lo necesario para que a partir de las elecciones del año 2018 se instalen los puestos de votación en todas aquellas zonas en la que estos fueron trasladados con ocasión del conflicto armado. Así mismo, la entidad evaluará la distancia y condiciones de transporte de los ciudadanos que residen en las zonas rurales más apartadas y procurará la instalación de nuevos puestos de votación de tal manera que se garantice el ejercicio del derecho a elegir.

Artículo 20: El inciso tercero del artículo 346 de la Constitución quedará así:
Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones con estricta sujeción a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana. La ley orgánica que consagra el reglamento del Congreso desarrollará estas disposiciones.

Artículo 21: El artículo 353 de la Constitución quedará así:
Artículo 353: Los principios y las disposiciones establecidos en este título, se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. En todo caso, la aprobación del presupuesto por parte de las corporaciones públicas del nivel territorial estará sujeto a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana previstos en el artículo 346.

Artículo 22: Sustitúyase la expresión “Consejo Nacional Electoral” por la de “Consejo Electoral Colombiano en los artículos 120, 126, 156 y 197 de la Constitución.

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

Las pequeñas centrales hidroeléctricas conocidas popularmente como PCH son soluciones energéticas sencillas, que perduran en el tiempo, con un mínimo impacto ambiental, bajos costos y cantidades que satisfacen la creciente demanda energética; hoy en Colombia existen unas 197 PCH, es decir generadoras de energía de menos de 20.000 KW, siendo Antioquia, Cundinamarca y Santander los departamentos donde más PCHs se han construido.

El “Acuerdo sobre Cambio Climático en París” suscrito por 175 países en diciembre de 2015, entre ellos por Colombia, apoya las iniciativas de los países destinadas a reducir las emisiones globales y mejorar las capacidades de planificación e institucionales para la adaptación y el cambio climático. El acuerdo crea potenciales oportunidades para obtener fuentes adicionales de financiación en condiciones favorables, en particular para apoyar al Séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible que persigue “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. Esto incluye un mayor porcentaje de energía renovable y ampliación de la infraestructura para la provisión eléctrica. Considerando que el 75% de la energía renovable es generada a partir de fuentes hidroeléctricas, el “Acuerdo sobre Cambio Climático en París”, de hecho, impulsa el crecimiento de dicha fuente de generación eléctrica.
Seguramente existirán dudas sobre el impacto que estas MCH generan sobre el medio ambiente, pero es claro que cada vez más a menudo existen sistemas que permiten medir y elevar la sostenibilidad de este tipo de proyectos; no se trata entonces de proyectos extractivos o mineros, de los cuales consideramos que al ser una actividad industrial tan agresiva, lesiona nuestra cultura y nuestra sociedad, aparte del daño ecológico que genera.
Ahora bien, en nuestro país existe una entidad encargada de coordinar el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos; producir y divulgar la información requerida para la formulación de política y la toma de decisiones, ella es la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- adscrita al Ministerio de Minas y Energía, es decir ante ella se registran los proyectos, con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, que podemos resumir en la solicitud que eleva el constructor o promotor del proyecto ante la autoridad ambiental, CORANTIOQUIA en nuestro caso, acompañada del estudio de impacto ambiental o la necesidad de realizar el diagnóstico ambiental de alternativas, un segundo paso es la presentación ante la UPME del estudio técnico donde se detalle que el proyecto es económico, financiero y ambientalmente factible y conveniente, estableciendo un cierre financiero del proyecto; un tercer paso es la presentación de los diseños definitivos y cronograma de ejecución, trámite que también se surte ante la UPME; estos trámites normalmente tardan unos cinco años para su aprobación definitiva.
Finalmente, una eventual construcción de una MCH generaría importantes recursos económicos para el municipio donde se construye, establecidos en la ley 56 de 198, tales como la compensación por impuesto predial dejado de percibir por los predios donde se construyen las obras; el propio impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros.

Corte tumbó parte de las reglas de juego del fast track

La sala plena de la Corte Constitucional tumbó dos apartes de la vía rápida legislativa o fast track, que se utiliza para tramitar de manera expedita las normas necesarias para implementar el acuerdo de paz alcanzado con las Farc. Demostrando que este proyecto es una trampa a la Democracia.

Se trata del numeral ‘h’ del artículo primero del Acto Legislativo para la Paz, que decía, literalmente, que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”.

Este era uno de los puntos que más cuestionaba el Centro Democrático, porque impedía que se les hicieran modificaciones a los proyectos del Gobierno y objetar lo allí contenido.

Con esta determinación, de ahora en adelante los proyectos que se vayan a tramitar en el Congreso por esta vía sí podrán ser objeto de proposiciones por parte de los partidos políticos.

La Corte también tumbó el numeral ‘j’ de dicho artículo, que dice: “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación”. Es decir, esta disposición señalaba que las votaciones tenían que hacerse en bloque.

La sala plena consideró que estas normas violaban el principio de separación de poderes, en la medida en que las limitaciones a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso contenidas en tales numerales resultaban incompatibles con dicho principio.

La Corte estudió una demanda que presentó el Centro Democrático en pleno en contra del Acto Legislativo, por considerar que amenazaba gravemente el equilibrio de poderes, entre otros.

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, anunció que dará una rueda de prensa para explicar los alcances de la determinación.

La Corte no se pronunció sobre los argumentos del Centro Democrático contra el artículo cuarto del Acto Legislativo, que incluía el acuerdo al bloque de constitucionalidad, ya que el mismo fue derogado.

CASO FAJARDO: QUE LA JUSTICIA ACLARE

Por: Orlando Arenas Tamayo.

Las elecciones de 2018 estarán perturbadas por factores exógenos como el proceso de paz, mal cerrado políticamente por el presidente Santos al imponer tal acuerdo por encima de la decisión popular que lo rechazó y otro será la presencia política de Sergio Fajardo, el ex gobernador y ex alcalde de Medellín quien se presentaría sin haber esclarecido los temas que escandalizaron la opinión durante su gestión en dichos cargos.
 
Para el candidato, sería un lastre el sentirse aludido en los debates sobre la transparencia, tan afecta a su discurso, si la justicia no aclara contundentemente a su favor y tendría que defenderse en la controversia, respecto a las sombras que dejan sus causas en los estrados judiciales o por el mal sabor de su actitud de soberbia frente los reclamos sociales por detalles nunca aclarados de su gestión.
Uno, muy grave, es la situación de deudor del municipio de Medellín de una de sus firmas de Arquitectura por miles de millones de pesos y el haber dado en abono algunos de sus predios, como el del relleno, la forma en que fue avaluado para pagar parcialmente los impuestos y el papel jugado por sus amigos en dicho procedimiento.
 
Si no se es transparente con el Estado, no se lo puede ser con la sociedad.
 
Otro, tal vez el más escandaloso cuando era alcalde, es el de la venta de Orbitel, que compró EPM por ochenta millones de dólares, cuando su valor era de escasos treinta y tres, durante la Gerencia de Juan Felipe Gaviria, a quien teníamos como inmaculado.
 
Esta negociación fue cuestionada por la Contraloría de Medellín y cuando se oyeron pasos de animal grande, el alcalde hizo trasladar la investigación a la Contraloría General de la Republica, cuando el contralor era Julio Cesar Turbay Quintero.
Con eso les digo todo porque la opinión sabe que allí archivaron el proceso y todos los poderes públicos negaron los recursos interpuestos por las veedurías ciudadanas.
 
Los “grandes medios” callaron porque, según denuncia de Adolfo León Palacio, el diputado que denostaba los contubernios de dicho gobernador, los gastos en publicidad superaron los doscientos mil millones de pesos en esos grandes medios, los que tienen vinculado al periodista Pascual Gaviria, hijo del ex gerente de EPM y defensor a ultranza del exgobernador, quien lo tenía en la nómina de publicidad durante su mandato. Ahí está pintada la transparencia de la oligarquía antioqueña.
 
Como Gobernador adjudicó licencias mineras a sus subalternos, la FLA realizó ruinosos y onerosos negocios, toda una dependencia, la de Infraestructura, fue destituida por la procuraduría e inhabilitados sus funcionarios, anunció e inauguró obras monumentales, que luego se fueron cayendo a pedazos como la Biblioteca España, el Parque Educativo de Titiribí y el Centro Cultural Moravia, con enorme detrimento patrimonial a Antioquia, fue denunciado en negocios sucios por el concejal Bernardo Alejandro Guerra y por el caso del avión Cesna, que denunció el diputado Palacio como otro detrimento patrimonial, el despiporre del “IDEA” y de Teleantioquia, “TU CANAL”, que él, en efecto, lo convirtió en su canal, todo ello en medio de un grandilocuente discurso de la transparencia que esgrime como máscara para la pelea política que lo conduciría al desvío de los recursos de la nación en favor de sus amigos y financiadores, los grandes monopolios.
 
Los ciudadanos debemos escoger el próximo presidente de los colombianos con toda claridad sobre los entornos sociales, familiares, económicos y éticos de todos los candidatos, que se dilucide la verdad o mentira de estas acusaciones sobre una personalidad compleja, de perfil claroscuro, que aspira a gobernarnos y que juzga a sus contrincantes describiéndolos con la misma silueta que el describe con su vida.

Gobierno echó reversa en las horas extra nocturnas que prometió en campaña

De forma sorpresiva, el Gobierno Nacional decidió echar reversa en una de sus promesas de campaña cuando el presidente Juan Manuel Santos estaba buscando su reelección en 2014: revivir las horas extras nocturnas.

Para ello, el Ministerio de Trabajo, después de un proceso de concertación con los trabajadores, decidió presentar el proyecto de ley ‘Por medio del cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo’, que establecía el pago de las horas extras a partir de las 6 de la tarde para todos los trabajadores colombianos.

En principio, la entonces ministra de Trabajo, Clara López Obregón, había advertido que esta iniciativa beneficiaría a cerca de un millón de trabajadores, en especial del sector servicios. Sin embargo, los empresarios nunca respaldaron el proyecto, por considerar que además de frenar la creación de empleo formal, el recargo nocturno les cuesta cerca de 600 mil millones de pesos anuales.

Y aunque el proyecto alcanzó a ser aprobado en dos debates en la Cámara de Representantes, trabajadores, empresarios y Gobierno no lograron ponerse de acuerdo para los otros dos debates en la Comisión Séptima y plenaria del Senado.

Tras dos reuniones sin consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, las partes dejaron esta propuesta en manos del Senado.

Lo sorprendente es que aunque fue una iniciativa de origen parlamentario que, en principio, contó con el apoyo del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda le retiró el respaldo.

“En este momento ese proyecto no es oportuno porque la economía del país está pasando por un momento de transición. Las circunstancias actuales en materia económica cambian. Ese efecto significaría la pérdida de cerca de 70 mil empleos, por eso nos abstuvimos de dar una opinión favorable”, dijo el ministro Mauricio Cárdenas al pedir el archivo de la iniciativa.

La postura del Gobierno fue compartida por los empresarios, que a través del Consejo Gremial Nacional expresaron ayer que este proyecto “afecta de manera directa a las Pymes y a casi todos los sectores productivos”.

Esta actitud del Ministerio de Hacienda fue rechazada por las centrales obreras, que la calificaron como “un chantaje”, según el presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez.

El proyecto de horas extras establece que estas son consideradas a partir de las 06:00 de la tarde y hasta las 06:00 de la mañana, además del reconocimiento del 100 % del recargo en días domingos y festivos. Actualmente ese beneficio solo aplica después de las 10:00 de la noche y los días feriados en un porcentaje del 75 %.