Entre pared y pared

La realidad del desplazamiento forzado en Ituango-Antioquia

Miércoles 21 de julio de 2010, por Acción informativa.
Colectivo de Abogados José Alvear.

La realidad del desplazamiento en Colombia suele ser una historia sin rostro ni voz, de lugares comunes, de estadísticas, de la que ya no se habla en medios y se palpa en las grandes ciudades a través de quienes tratan de sobrevivir vendiendo día a día en el transporte público lo que pueden. En esas ocasiones puede que por primera vez lleguen a nuestros oídos noticias de lugares remotos escondidos en la geografía colombiana como verdaderos “Paraísos Perdidos”.

Ituango es uno de esos “Paraísos Perdidos” que tanto abundan en el país. En el norte antioqueño, enclavado en la falda de una montaña de la Cordillera Occidental a casi 20 horas de camino desde Bogotá y a 195 kilómetros de Medellín, se accede a él a través de la carretera que comunica Medellín con San Andrés de Cuerquia siendo ésta prácticamente la única vía de acceso al municipio. Antaño ruta de difícil tránsito, hace parte vertebral junto con el puente Pescadero –inaugurado en 1963— de la historia de este municipio esquivo a la mirada del viajero.

Actualmente, un renovado interés por la mejora de las vías derivado de la ejecución del proyecto Pescadero-Ituango (recientemente Hidroituango) [1] despierta una vez más en sus habitantes la esperanza del progreso.

Aquí todo es evocativo [2]. El medio de transporte utilizado por sus gentes suele ser aún hoy como ayer la “chiva” o “escalera” y para las veredas más alejadas del casco urbano la “mula”, a lomo de la cual se empecina el campesinado en transitar estos caminos que históricamente han sido escenario de conquistas, colonizaciones y consolidaciones territoriales innúmeras. Su decidido empeño por habitar esta tierra que los vio nacer es la razón de ser de estas líneas que intentan dar voz y rostro a la realidad del desplazamiento forzado que en Ituango tiene como antecedente mediato las masacres paramilitares de El Aro y la Granja en los años 1996 y 1997.

Sobre la historia de este municipio gravita desde siempre la rapacidad y el apetito voraz de grandes poderes económicos. Apetito ansioso, violento, que quizá sea provocado por el hecho que en estas tierras además de la gran productividad de sus suelos (pequeños cultivos de maíz, caña de azúcar, café, frijol, plátano, aguacate, naranja, granadilla y cacao fecundan el paisaje y son parte fundamental de la economía campesina), se descubre actualmente un importante potencial hídrico y por qué no decirlo minero (en el lecho del río Cauca, muchas familias sobre todo de San Andrés de Cuerquia y del corregimiento El Valle en el municipio de Toledo encuentran en la explotación artesanal del oro un medio de vida) y desde siempre se ha reconocido en Ituango – municipio verde— una gran reserva natural en la que encontramos el Parque Natural Paramillo como epicentro. Goza toda esta tierra de una gran diversidad en flora y fauna y si ello fuera poco y hasta lo que conocemos de yacimientos de platino.

La gran riqueza natural convive en Ituango con una pobreza también evidente que se ha venido incrementando en los últimos tiempos por la disputa territorial que en la zona mantienen múltiples actores —entre los que se cuenta el propio Estado— dada la importancia minera y energética de la misma. Este atractivo se suma como factor explicativo a las tradicionales causas del desplazamiento en el país. Si bien la violencia paramilitar como fórmula de lucha contrainsurgente fue un hecho sin precedentes en el municipio, los desplazamientos forzados se remontan a la época de la “violencia partidista” y al posterior accionar de la guerrilla en la zona. A partir de estos elementos, este artículo ofrece una mirada panorámica del desplazamiento forzado en el norte antioqueño donde la estrategia militar-paramilitar juega hoy por hoy un importante papel a la hora de explicar las dinámicas de despojo y expoliación de la población campesina.

«La situación que aquí vivimos la ha ocasionado el propio Estado»

Escuchada por primera vez en boca de viejos habitantes de Ituango la frase quizá cause reparos, repetida con insistencia por parte de la comunidad merece la debida atención y es que para la población que antes habitaba la zona del actual Parque Nacional Natural Paramillo y aquellas otras que se asientan en límites con el departamento de Córdoba [3] la cosa está bien clara: la mayoría de las veces el desplazamiento forzado no obedece tan claramente a que la población civil quede atrapada en el fuego cruzado de los actores armados sino, como esa misma gente relata, al hecho de que muchas de las veredas terminan finalmente por desplazarse a la cabecera municipal en busca de alimento al ser sometidas a un bloqueo económico y alimentario.

A esta modalidad de desplazamiento debe añadirse una práctica generalizada que coincide con las épocas de cosecha. Una vez los cultivos están listos para su recolección se adelantan operativos militares que provocan el desplazamiento. Al regresar ya no hay animales ni cosecha fortaleciéndose la opinión entre la gente, y así es expresado, de que «entre más se trabaja, más se pierde» [4]

El primer caso quizá encuentra una razón de ser en la denominada Estrategia de Consolidación Territorial delineada por el Gobierno nacional en cuya táctica de “quitarle el agua al pez” se parte del supuesto que hay una relación estrecha, incluso orgánica, entre la población civil y las fuerzas guerrilleras. Ello trae como corolario el estrangulamiento económico de la población y en últimas la crisis alimentaria de las comunidades por cuya razón deben desplazarse. Tales prácticas por parte de la Fuerza Pública se acompañan de todo tipo de vulneraciones de los derechos fundamentales de estas personas que rozan ya los límites tolerables. Estas personas se sienten literalmente cansadas del miedo que constantemente les acosa. En el mismo sentido, los habitantes de las veredas de Ituango afirman que deben obedecer a todos los actores armados que hacen presencia en la zona y que ocupan escuelas y moradas por días o semanas. «Recibimos una llamada o un papel de las FARC que nos da órdenes como por ejemplo que si el Ejército se queda dos días en nuestra casa, tenemos que salir». Esta política de Consolidación Territorial tiene en la presencia guerrillera la mejor de las ocasiones, pues a la sombra de la pretendida lucha contrainsurgente el Estado viene despojando a la población de sus tierras y medios de subsistencia a favor de intereses muy concretos. Los dos casos paradigmáticos por la naturaleza y envergadura de los mismos son los proyectos Hidroituango y Urra II [5]. Si miramos por dónde empezó la entrada paramilitar en 1997 en la zona veremos que fue alrededor del Parque Natural y a través de la cuenca del río Cauca, objetivos de la actual expansión capitalista.

El proyecto Hidroituango ha sido catalogado como la segunda represa más grande de Suramérica y se calcula que su costo de generación de energía será uno de los más baratos de la región posibilitando su exportación ya que además se superaría en mucho el consumo actual de electricidad. Junto con la ejecución de Urra II se entiende que la zona sea de mayor importancia geoestratégica y que quizá lo que menos interese al Estado colombiano es que la gente habite en sus lugares de asentamiento tradicional. De allí la atinada observación de un representante comunitario al relacionar directamente el origen de la situación de la comunidad con la responsabilidad estatal. El desplazamiento forzado en Ituango debe entenderse a partir de estas coordenadas geoestratégicas y en esa medida como efecto colateral dentro de un cálculo racional que impone un férreo control social a partir de dos estrategias. La primera tiene en el miedo un elemento de control in situ y en ello juega un papel importante el recuerdo de las masacres de El Aro y la Granja [6] y las amenazas de la propia Fuerza Pública cuando dice a la gente que «detrás de ellos vienen los otros, los que traen el gatillo por delante». La segunda estrategia está dada por la declaración del municipio como “zona de riesgo extremo”, medida tomada por el Gobierno en respuesta a los múltiples desplazamientos forzosos que hacia afuera ha ocasionado el aislamiento de la zona [7] pues refuerza la idea de que el municipio es área de influencia guerrillera lo que conlleva el fortalecimiento del contingente militar y policial presente en la región.

Dos estrategias y un solo fin

La declaración del Parque Paramillo en 1977 como Área de Protección y Reserva puede entenderse a la luz de estas lógicas de apropiación como una estrategia jurídica que en combinación con la militar-paramilitar promete el desalojo de una población que ya es vulnerable. Y es vulnerable porque además de todos los factores que convergen en Ituango, se suma el problema de la propiedad de la tierra: los pequeños propietarios están dispersos y sin documentos con lo que se hace muy problemático demostrar su titularidad, no hay claridad en la política de reubicación y tampoco se ha diseñado una de retorno porque claramente no existen las condiciones para ello. Sobre la estrategia militar-paramilitar no sobra insistir. Son constantes las agresiones de las que son objeto los pobladores de la región: hostigamientos, señalamientos, detenciones arbitrarias, ocupación de escuelas y moradas. Sumado a ello, el miedo de transitar por los caminos debido a la existencia de campos minados de los cuales además son responsabilizados por la Fuerza Pública: «Cuando llegamos en la noche de trabajar nos dicen que vamos a colocar minas y cuando salimos en la mañana nos dicen que venimos de retirarlas». En muchas ocasiones son fichados una vez llegan al pueblo, retenidos en el puesto de policía y fotografiados. «Cuando somos objeto de golpes y retenciones se nos hace firmar un acta en la que declaramos que fuimos bien tratados. Sin embargo muchas personas firman por miedo y sin saber realmente qué es lo que firman pues algunas no saben leer ni escribir», relataba un presidente de Junta de Acción Comunal. Las denuncias que se hacen ante Personería no pasan de ser eso, denuncias frente a las cuales hasta el alcalde de Ituango, Carlos Gallo, parece declararse inhibido pues afirma que el problema con las comunidades que habitan en los límites con el departamento de Córdoba obedece a un asunto de jurisdicción pues la brigada militar que opera en la zona y de la cual se han recibido denuncias está actuando en propiedad fuera de su radio de acción [8].

Reviviendo el drama de 1997

Según el campesinado de la zona, los últimos hechos ocurrieron a finales de abril de 2010 cuando grupos paramilitares asesinaron a dos personas que se dedicaban a transportar personas, alimentos y mercancías a través del Río San Jorge en el lugar denominado El Puerto (corregimiento de Juan José, cerca de Córdoba). Asimismo, denuncian que en los primeros días del mes de junio algunos campesinos de la comunidad de San Juan Badillo recibieron amenazas verbales de miembros de la Brigada XVIII debido a que éstos decían que se negaban a dar información sobre nombres y ubicación de miembros de las FARC. La amenaza fue directa: «Cuando ellos [los soldados] subieran con los paramilitares a estas comunidades entonces sí iban a hablar». La preocupación fundamental de la gente del lugar es que estas comunidades —en las que habitan entre 3.000 y 5.000 personas— revivan la tragedia que ya sufrieron en 1997 cuando las tropas paramilitares guiadas por Carlos Castaño llegaron a “vaciar”, según ellos, el Parque Paramillo de colonos y residentes. Las incursiones paramilitares en 1998 y 2000 tenían objetivos claros: asegurarse que las familias campesinas no hubieran retornado y si lo habían hecho, las obligaron a desplazarse de nuevo además de quemar viviendas y escuelas y echar a perder cosechas y matar animales. Ese miedo atraviesa la cotidianidad de las comunidades y debería de alertar a las instituciones públicas para que no se repita la historia.

«Estamos entre pared y pared». Efectos de la política de despojo

Una presidenta de Junta de Acción Comunal afirma que «estamos entre pared y pared» y es que entre la “pared económica” y la “pared militar” las personas desplazadas en Ituango son ya más de la mitad de la población [9]. Se trata de familias extendidas donde el promedio de hijos puede ser de 4 o 5 en un contexto económico donde los pobladores al ser despojados de sus medios de producción son arrojados a un mercado laboral rural donde el jornal se fija en un máximo de $12.000 pesos diarios. El contraste con los precios de los productos básicos de la canasta familiar implica que las unidades familiares no puedan suplir sus mínimos vitales incrementando con ello sus ya dramáticos niveles de fragilidad. Esa precarización laboral se ve fortalecida por el hecho que las hectáreas de cultivo se han visto reducidas a propósito del conflicto con lo que el ejército de reserva de mano de obra crece sin cesar. El desplazamiento en Ituango observa además las siguientes características: es interveredal, en muchos casos reiterativo [10] y en términos generales observa un patrón de desplazamientoregreso- desplazamiento por lo que nos estamos refiriendo en propiedad a población económicamente flotante y por tanto tendencialmente más pobre.

Frente a este cúmulo de hechos es claro que los recursos que aquí existen para población desplazada son del todo insuficientes y producen competencia [11] entre la propia población y están previstos para atender las consecuencias del desplazamiento bajo una lógica asistencialista porque a la luz de lo anteriormente expuesto y como ya se ha afirmado está lejos de la voluntad del Gobierno el diseño y ejecución de una política de retorno con garantías o que incida en el origen del desplazamiento y el conflicto. A futuro puede vaticinarse una fuerte tensión entre la población campesina por la propiedad de la tierra, un conflicto que habrá también que endilgárselo al Estado colombiano y que obedece como también se ha señalado a las coordenadas geoestratégicas en las que esta zona se encuentra. Colombia comparte una realidad con zonas del mundo ricas en recursos naturales y es que la existencia de tal riqueza es una verdadera tragedia para las poblaciones en un contexto en el cual el Estado y las grandes corporaciones económicas son los mayores usurpadores. Sin embargo y a pesar del viento en contra, la población desplazada levanta sus propias casas y cultiva sus tierras una y otra vez y resiste la embestida armada sin darse cuenta la mayoría de veces de su propia fortaleza.

Notas
[1] Este proyecto hidroeléctrico ideado en la década de los 70 pretende ser la segunda represa más importante de Suramérica y la más importante de Colombia.
[2] No bien se desciende del bus, nuestras miradas se cruzan con indígenas de la etnia Embera-Katío que habitan el resguardo indígena Jaidukama, se divisa una iglesia cuya arquitectura acusa la influencia colonial española, se encuentran juegos populares tradicionales, se percibe el aroma de una tierra cálida, de cañaduzales, cafetales y cacao y, en fin, se encuentran huellas de uno de los símbolos más queridos para los paisas, las recuas de mulas, que si no aparece referido en los símbolos patrios es quizá porque en este país la historia de los de abajo es siempre silenciada, invisibilizada.
[3] En este artículo se parte de la idea que es necesario caracterizar el desplazamiento en Ituango incluso por veredas o en todo caso por áreas, pues las dinámicas que se presentan no son las mismas para todas las veredas. Por ejemplo en aquellas zonas como Santa Rita donde el cultivo de la coca es base fundamental de su economía la problemática es distinta aunque afecta el comportamiento económico de la región entera, entre otras cosas porque al relacionar el precio de este producto con el de cultivos tradicionales es claro que la ganancia es mayor con el primero. Los límites de una política de sustitución de cultivos son claros en el terreno.
[4] Todas las citas son tomadas de conversaciones con habitantes de Ituango que, por su propia seguridad, se mantienen en el anonimato
[5] La ejecución de Urra II provocaría la inundación de un área de 7.000 km2 dentro del Parque Nacional Natural Paramillo en parte de la cual encontramos tres resguardos indígenas de la etnia Emberá-Katio.
[6] El Estado colombiano fue condenado el 1 de julio de 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a responder por esas masacres atribuidas a las AUC.
[7] Aunque esta afirmación es apenas una hipótesis, creemos que es perfectamente posible que de ella se derive una “inhibitoria de tránsito” para gente ajena a la región. Es evidente por la reacción de sus pobladores y por lo que se puede observar que el municipio no suele ser un sitio de destino para foráneos lo que profundiza mucho más el aislamiento comunicacional de la gente que así se ve imposibilitada de expresar sus realidades, miedos e incertidumbres. La sensación al final de la visita es que la gente quiere ser escuchada e informada pues hay una “zona de aislamiento informacional”. Parte de esta misma realidad es que los funcionarios de Gobierno, así como aquellos otros de organismos multilaterales, cuando visitan las veredas no suelen pasar de un punto de congregación que suele ser la escuela, con lo que no se enteran de las condiciones de vida de la gente y no pueden medir el alcance, éxito y limitaciones de los proyectos diseñados para la comunidad (no con ella), lo cual redunda en fracturas comunicacionales de un lado y otro de las acciones públicas.
[8] En los Consejos Locales que se convocan cada vez que se produce un desplazamiento se han acordado con las autoridades civiles y militares unos mínimos de comportamiento por parte de las Fuerzas Armadas tales como no ocupar los hogares de la población porque ello pone a la gente claramente en riesgo. Sin embargo gente desplazada afirma que en un 80% tales acuerdos se desconocen.
[9] 16.173 personas en Ituango son desplazadas según datos de la Corte Constitucional de mayo de 2010 frente a una población aproximada de 25.000 personas
[10] Esta es una dinámica observada sobre todo en la población desplazada del Parque Natural Paramillo. Hay quien carga a sus espaldas hasta siete desplazamientos y el hecho de no haber sido hasta ahora auxiliados por el Estado sin criterios claros, hace que Acción Social niegue su inclusión en el Registro Único de Población Desplazada
[11] Ello es así porque ahora los recursos públicos se dirigen prioritariamente a población desplazada, desatendiendo la necesidad de otros sectores que en las mismas condiciones de vulnerabilidad no han sufrido hasta ahora el desplazamiento.

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