Perdidos, $20.000 millones en vía a Hidroituango

El Colombiano

Hace cinco años se inauguró la vía a San José de la Montaña. Pero se dañó tan rápido que el Departamento y los contratistas están en un duelo jurídico, mientras los pobladores pagan más de 7 mil millones de pesos por valorización.
Juan Carlos Valencia Gil | San José de la Montaña | Publicado el 17 de octubre de 2010
Si de efemérides se tratara, ayer se cumplieron cinco años de la pavimentación de la vía San José-Llanos de Cuivá, acceso obligado a Hidroituango.

La gran fiesta con cabalgata, la presencia de las autoridades, incluido el gobernador de entonces, Aníbal Gaviria Correa, no estarían en el recuerdo de nadie si no fuera porque hoy, la joven carretera luce como una trocha ruinosa.

Las cifras hablan: la Gobernación sostiene que la carretera hay que repavimentarla y eso cuesta 30.090 millones de pesos.

De una resta simple se deduce que, contando con los 4.342 millones que recuperó el Departamento por la póliza del contrato incumplido, más de 20.000 millones de pesos engrosan las arcas de las platas perdidas.

Los 30,7 kilómetros de la carretera tienen 13 huecos gigantes, pequeños derrumbes y el pavimento luce escamoso como piel de cocodrilo. Por ello el pasado 11 de febrero, el Departamento declaró el siniestro en la obra.

En palabras del contralor General de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro, esto significa que "se reconoció su mala calidad, entonces se acude a la póliza para recuperar el dinero invertido".

Versiones incoherentes
El contrato mediante el que se amplió, rectificó y pavimentó la vía es el número 2000-CO-21-028. Lo ejecutó el Consorcio Cobaco-Concorpe. La interventoría la empezó Estec y la terminó la Compañía Colombiana de Consultores.

Según Carlos Roldán Alzate, director de Asuntos Legales de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, el contrato costó casi 29.000 millones de pesos (28.952.217.012).

Por su parte, un informe de este diario, publicado el 13 de octubre de 2005, afirmó, basado en fuentes departamentales, que el costo fue de 26.190 millones de pesos.

Y finalmente, en la auditoría que hizo en 2009 la Contraloría General aparece que el contrato tuvo un valor de 22.891 millones aproximadamente.

El agua sucia
El contrato inició el 21 de diciembre de 2000, con un plazo de dos años para su ejecución. Sin embargo, el Consorcio entregó la obra el 9 de febrero de 2006, cinco años después.

Pobladores recalcan que los daños resultaron a los pocos meses de la entrega.

Roldán Alzate sostiene que el contrato "fue accidentado porque el contratista presentaba incumplimientos. Se declaró la intervención administrativa del contrato".

El Consorcio también trabajó en la vía Pajarito-San Pedro de los Milagros, que costó alrededor de 31.800 millones, según la Contraloría. Allí también se declaró el siniestro.

Los contratos "son de la misma época. Probablemente eran los contratistas fuertes", aduce Roldán y agrega que, por la vía judicial, "vamos a buscar que lo que vale reparar la vía (de San José), lo tenga que pagar el Consorcio".

Y no solo eso, en medio de las dificultades contractuales, a una de las entidades integrantes del consorcio, Cobaco, le adjudicaron un contrato vial más: el de la carretera Concordia-Betulia.

"Nunca nos escucharon"
Humberto Barrios Gil, representante legal de Cobaco y del Consorcio, argumenta que la principal causa de los problemas fue que les tocó transportar el material y esto, apunta, no se acostumbra.

Dice que siempre le pidió al Departamento que no incluyera este rubro en el presupuesto, pero nunca fue escuchado. Señala que eso les aumentó costos pues les tocaba cargar material desde Copacabana y Belmira, mientras ubicaban fuentes cercanas. "Estábamos perdiendo toda la plata del mundo. El material cumplía las especificaciones pero en los límites".

Supo las condiciones desde el principio, pero "era un presupuesto oficial y uno de ahí no se podía salir".

Además, "faltaron filtros y cunetas que son culpa del Departamento y la interventoría. No hubo estudio y nunca hubo mantenimiento".

Dice que desde 2003, "el Departamento manejó el contrato. Contrató el pavimento con Pavimentar y el transporte con otra firma. Estos contratos fueron por más de 2.000 millones de pesos". Y denuncia que la Gobernación sacó plata del presupuesto del Consorcio para pagarles a estas empresas.

"Un puente sobre el río San Andrés lo hizo también el Departamento así: contratando con otra firma y lo pagó por intermedio de nuestro contrato". Barrios también dice que el aumento de su estancia en la zona y la demora para liquidar el contrato los perjudicaron. "Tuvimos que vender bienes por más de 3 mil millones de pesos para terminar la obra".

Nada por resaltar
La auditoría de la Contraloría, que también incluyó la vía Pajarito-San Pedro, es clara: "No existe ningún aspecto por resaltar en estos proyectos viales".

En la de Llanos-San José, el ente encontró 136 puntos con daños. 8.089 metros cuadrados de pavimento en mal estado, que avaluó en casi 245 millones de pesos, "a precios establecidos en el contrato, los cuales se constituyen en un probable daño patrimonial para el Departamento".

Recalcó también que la Secretaría de Infraestructura no tiene un plan de mejoramiento ni ha hecho seguimiento en la etapa post-contractual.

Valorización "injusta"
Gabriel Aristizábal Escudero tiene una finca en la vereda San Bernardo, de San José. "El pavimento era un sueño, pero tampoco a cualquier costo".

Su frase resume el descontento de muchos de los 708 dueños de 783 predios, entre los que se distribuyeron 7.152 millones de pesos por valorización.

Dice que hubo errores en el estudio con que se distribuyó el cobro. Argumenta que la muestra debió ser aleatoria estratificada, de 63 fincas. Pero, según él, solo con la finca Santa Bárbara, "de alto potencial productivo", determinaron el cobro para las demás.

A él le cobraron 26 millones de pesos. Dice que demostró fallas en el estudio y le cambiaron el monto por ocho millones. Pero afirma que le cobraron los intereses, por lo que pagó 12 millones. "¿Por qué me cobran intereses si la equivocación fue de ellos?".

Además, sostiene que solo se le cobró a San José de la Montaña, preocupación que comparte el alcalde de esta localidad, Javier Alcides Chavarría Quintero. "A uno lo que le duele es pagar por algo que está en pésimas condiciones".

El estudio quedó bien hecho
Para Sixto Naranjo Guarín, director de Valorización de Antioquia, "el estudio de distribución de valorización no quedó mal hecho". Y asegura que un sector de Santa Rosa de Osos y otro de Yarumal también pagan.

"El Estatuto de Valorización determina que si hay una distribución mal hecha, hay un periodo de seis meses para hacer reclamos. Y si hay que reajustar, se hace".

Por determinación del gobernador, Luis Alfredo Ramos Botero, el cobro de valorización está suspendido desde marzo. "La suspensión es por un periodo inicial de un año. Pero para revivir el cobro se tienen que dar condiciones de transitabilidad y seguridad en la vía", advierte Naranjo.

Y como la carretera conduce a Pescadero-Ituango, revela que están "buscando la forma de que sea EPM la que haga el arreglo".

Los 3.500 pobladores de San José y los de Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango, que también usan la vía, no saben qué va a pasar con ella.

Edith Graciano Gómez, directora de Desarrollo Físico de Antioquia, dice que habría que cambiar la estructura de la carpeta asfáltica y la base granular, lo que costaría 30.090 millones de pesos.

"La Administración no tiene esa plata. Hay que mirar posibilidades jurídicas y la responsabilidad de los contratistas".
 
» Implicaciones
Contienda será en los estrados

El Departamento declaró el siniestro en la vía a San José de la Montaña, por lo que cubría la póliza: el 15 por ciento del valor del contrato, que equivale a 4.342 millones de pesos, cifra que Seguros del Estado pagó al Departamento.

Así lo informó Carlos Roldán Alzate, quien añadió que en el siniestro de la Pajarito-San Pedro, "la compañía aseguradora no pagó plata sino que rehabilitó la vía".

Por su parte, Humberto Barrios, de Cobaco, demandó al Departamento ante el Tribunal Administrativo de Antioquia "por perjuicios ocasionados" en la Llanos-San José. "También vamos a demandar el siniestro este año". Y por la Pajarito-San Pedro, lo demandó por las dos situaciones.

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