Parlamento Andino: ¿para que sirve?

Fortalecer la integración andina se debe hacer con más voluntad política y menos burocracia.

¿Sabían ustedes que Colombia se ha gastado más de 30.000 millones de pesos desde 1993 en un parlamento cuyas decisiones no son obligatorias para nadie?

¿Sabían que desde el 2010 salen de nuestro bolsillo cada año cerca de 1.300 millones de pesos para pagarles el sueldo a cinco ciudadanos que dicen representarnos en ese parlamento?

¿Habían oído que para elegir a esos personajes, la organización electoral tuvo que destinar 10.000 millones de pesos hace cuatro años y que en siete meses, cuando volvamos a las urnas, nos gastaremos una cifra todavía mayor si nadie hace nada para impedirlo? (Lea acá: Sería fascinante compartir con Uribe en el Senado': Héctor Helí Rojas)

“La democracia tiene un costo. La integración tiene un costo”, le respondió tranquilamente la parlamentaria Luisa del Río a Julio Sánchez Cristo en La W, cuando el director de ese programa le preguntó por el sentido de una institución que poco o nada nos dice a los colombianos y que, en cambio, nos cuesta mucho: el polémico Parlamento Andino.

Y es que mientras los campesinos salen a las vías a reclamar por el olvido del Estado y los gobernantes les responden que no hay plata para atender todas sus peticiones, nuestro país se da el lujo de sostener una de las entidades más inútiles y costosas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Aunque desde la Declaración de Bogotá, en 1978; el Mandato de Cartagena, en 1979, y la Declaración de Presidentes de Quito, el mismo año, se habló de la importancia de impulsar la creación de un parlamento deliberante que ayudara en la integración normativa de los países andinos, los sucesivos cancilleres han hecho poco por darle valor real a ese órgano y se dedicaron a engordar uno de los monumentos a la burocracia más vergonzosos de América Latina.

El Parlamento Andino sesiona poco, y cuando lo hace se ocupa de lugares comunes a los que nadie les presta atención. Ha estado ausente en la resolución de conflictos interestatales, fue incapaz de convencer a Venezuela de volver a la CAN y sus pronunciamientos no son vinculantes para ningún Estado, lo que significa que ni los gobiernos ni los ciudadanos están obligados a obedecer lo que surja de allí.

Lo grave del asunto es que, a pesar de lo inane que resulta el Parlamento Andino, Colombia ha tenido que asumir todos los costos de esa institución. Además de la cuota anual, equivalente a unos 100 millones de pesos, que debemos pagar por pertenecer a la CAN, desde hace varias décadas nuestro país firmó un acuerdo en el que se comprometió a sufragar los gastos de funcionamiento de la oficina central, que opera en un viejo edificio en el norte de Bogotá.

Solo en los últimos cinco años los colombianos hemos tenido que pagar más de 9.000 millones de pesos por el papel higiénico, los computadores, los asesores y los ‘asesores’ de los asesores de nuestros parlamentarios andinos.

Además, desde el año 2010, y como consecuencia de una ley que así lo ordena, cada cuatro años debemos elegir cinco representantes que, una vez posesionados, tienen derecho a todos los privilegios de un senador de la República, aunque no tengan las mismas responsabilidades.

Con primas de servicio, de Navidad, de localización y vivienda, lo mismo que de salud (que se las acaba de tumbar el Consejo de Estado), más todos los gastos de representación, los sueldos de los parlamentarios andinos nos han costado en los últimos cuatro años alrededor de 6.000 millones de pesos.

¿Tiene sentido que sigamos alimentando semejante elefante blanco sin cuestionarnos si nos ha servido para algo?

La CAN cuenta hoy con 14 órganos que incluyen una secretaría general, un consejo consultivo en temas concernientes a las comunidades indígenas y otro especializado en asuntos laborales. Están la Universidad Andina, el consejo de ministros, el órgano consultivo en salud, la comisión presidencial y el que ahora llaman Banco de Desarrollo de América Latina (antes CAF).

Con tan generosa saturación institucional, resulta innecesario un Parlamento Andino redundante e invisible para todos, excepto sus bien remunerados miembros.

El Gobierno nacional, por años ausente de la discusión, parece estar convencido por fin de que este invento es tan inútil como costoso.

Recientemente, la Cancillería presentó ante la CAN un documento que busca suprimir el cuestionado Parlamento Andino.

Aunque los actuales miembros de esa corporación han dicho que la ministra Holguín recurre al oportunismo político al presentar esta propuesta, lo cierto es que los demás países miembros de la CAN han dejado ver su apoyo a la iniciativa que lidera Colombia para eliminar aquel esperpento burocrático.

Los parlamentarios andinos alegan en su favor que han cumplido una función trascendental en los últimos años, al pedir que los precios de los medicamentos bajen, al hacer valiosos aportes a la ley de víctimas o al organizar foros para hablar de posconflicto.

Como si al Ministro de Salud le hubiese importado la voz del Parlamento Andino para ordenar la disminución de los precios de algunos fármacos, o como si los congresistas no pudieran bandearse solos en la discusión y aprobación de la ley de víctimas, o como si las universidades y los centros de pensamiento, que abundan en Colombia, no hubiesen organizado por su cuenta mejores foros académicos con gente que sí sabe de posconflicto.

No existen argumentos de peso para defender la existencia del dichoso Parlamento Andino y, por si faltaran, en cambio, razones para querer acabarlo, basta ver el papel que cada uno de nuestros representantes cumplió en los últimos años y la empatía que generaron con sus electores.

¿Cuántos de los lectores saben los nombres de por lo menos tres de los parlamentarios andinos actuales?

Entre tanto, los partidos políticos en Colombia deben asumir públicamente su cuota de responsabilidad y decirnos a los colombianos si están de acuerdo con desaparecer el Parlamento Andino o si lo quieren seguir manteniendo pese a todos sus costos.

Hace carrera por estos días una propuesta para que esas colectividades no presenten candidatos al Parlamento Andino, como señal de rechazo a semejante derroche de recursos públicos y políticos, como Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, y Simón Gaviria, del Partido Liberal, que han expresado públicamente su descontento con este esquema dizque de representación andina.

En lo que sí tienen razón los miembros de la moribunda corporación es en que el Gobierno debe explicarle al país cómo piensa desmontar el mencionado parlamento y para cuándo lo piensa hacer.

Fortalecer la integración andina es una necesidad, pero para ello hace falta más voluntad política y menos burocracia. A ese elefante llamado Parlamento Andino lo podemos enterrar ya.

Sobre el autor

Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes. Es analista político de la mesa de trabajo de RCN La Radio y columnista habitual de ‘Semana.com’.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.*
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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