Exabrupto.. y dos

 Autor: Rodrigo Pareja
2 de Octubre de 2013

ElMundo.com
Parece una constante casi inmodificable que  lo morboso,  mediático, y escandaloso, sea el material  preferido por los medios de comunicación para llevar a sus lectores,  oyentes o televidentes,  conducta que en la mayoría de las veces araña la superficialidad pero deja intacto el fondo de los asuntos.
Es lo que ha venido sucediendo con el proyecto Hidroituango y todos los desarrollos que lo han rodeado, no tanto en la parte técnica y de ingeniería, sino en la que tiene que ver con la seguridad, el orden público y la situación de las personas que viven  o vivían en su área de influencia.
En los últimos días ha sido más importante para los medios “cubrir” las incidencias del desplazamiento masivo hacia el municipio de Barbosa, o el homicidio de Nelson Dubelmer Giraldo Posada, presunto integrante de la entidad Ríos Vivos, que las acciones adelantadas hasta ahora por EPM con la población verdaderamente afectada por la ejecución del proyecto.
En la columna de ayer se decía cómo era posible que antes que defender los verdaderos intereses de la comunidad, Ríos Vivos podría estar abogando, de pronto de manera inconsciente, por otra clase de provechos, no necesariamente de tipo social.
Ante las inadmisibles peticiones de esta organización aparecida cuando ya estaba en marcha y en armonía el proceso de reparación e indemnizaciones entre EPM y la comunidad, vale la pena recordar cómo se llegó a él de forma negociada y con la mejor buena fe, condiciones  que ratificaron las partes con su aceptación.
Cuando se hizo el primer estudio de impacto ambiental, período 2006-2007, los perjudicados, mineros sin afectación predial, eran 336; luego en los años 2008-2009, con la actualización de la información socio-económica y predial, la cifra se elevó a 718; en el lapso 2009-2010, después de diseños detallados y la actualización del estudio de impacto ambiental, los mineros damnificados llegaban ya a 1.402.
Este incremento de 1.066  dado entre los años 2006 y 2010, fue aceptado por EPM y se comenzó entonces la tarea de negociar, bien para la reubicación de las familias o el pago de la correspondiente indemnización, con base en avalúos de tierras y cultivos aprobados por las partes, es decir, de acuerdo con el llamado manual de valores unitarios que ahora algunos tardía y caprichosamente piden revisar.
Además, también con el mismo manual, se negocia actualmente con otras personas que hacen llegar la cifra a 2.094, entre las que se incluyen compradores de oro, transportadores fluviales, dueños de viviendas dispersas afectadas por el embalse o por la construcción de vías para facilitar la llegada de maquinaria.
Hay otra clase de negociaciones relacionadas con grandes predios que también van a ser inundados y cuyos propietarios viven en Medellín, de las cuales se han realizado unas 250 restando igual número por concretar.
Hidroituango avanza, pues, de manera satisfactoria y dentro de las proyecciones que se tienen tanto en la parte técnica y de ingeniería como en el aspecto social, por lo que resulta insólito e inaceptable que se pretenda ahora con unas exigencias grotescas, paralizar las obras hasta que, según sus autores, termine el conflicto armado colombiano.
Vale la pena, entonces, preguntar si es justo que por la desaforada pretensión de un grupo de personas que nada tienen que ver con el área de influencia del proyecto y mucho menos con su población, se eche a perder una labor de filigrana que tanto tiempo y esfuerzo demandó.
Es posible que haya faltado más socialización y difusión de lo adelantado hasta el momento por EPM y su proyecto Hidroituango, pero eso no es argumento para que en aras de quien sabe qué intereses, se pretenda pescar en río revuelto y entorpecer de manera grave un proyecto vital para  Antioquia y Colombia.

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