Fracasó el modelo privatizador?

Autor: Eugenio Prieto 
20 de Octubre de 2013

Como todos los ciudadanos de Medellín y del país, lamentamos profundamente la tragedia que vive la ciudad y nos hacemos solidarios con sus habitantes, con los familiares y amigos de las víctimas y con sus gobernantes, que dentro de los límites de sus competencias han actuado en forma ejemplar. Pero nuestra solidaridad no debe ocultar la crisis de un modelo que debemos criticar y proponer su modificación sustancial, como expresamente nos lo solicitó el señor Vicepresidente Angelino Garzón el pasado viernes en Medellín. 

Si bien es claro, que solo la colaboración de los sectores público y privado, pueden sacar un país adelante, lo que no es tan claro, es que cada uno de ellos abandone su rol y que el Estado termine haciendo lo que le corresponde a los particulares. Pero además grave y oscuro que el sector privado, sin control alguno y sin hacer prevalecer el interés púbico o social, termine reemplazando al Estado y actuando en la sociedad como si fuera tierra de nadie.

La entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la cláusula de Estado Social de Derecho y democracia participativa generó la transformación de las relaciones del Estado y los particulares, al punto de que estos últimos han podido terminar involucrados en cuatro actividades que antes le eran reservadas al Estado, así en la actualidad, los particulares pueden (i) ejercer funciones públicas, (ii) prestar servicios públicos, (iii) administrar recursos públicos, y (iv) administrar recursos del Estado, lo que representa una variación sustancial de su papel en la sociedad.

Con los desarrollos legales y administrativos, son varios los casos en que los particulares han venido reemplazando al  Estado, pudiéndose resaltar (i) el caso de la prestación de servicios de Salud y la administración de los recursos provenientes de ese sector a través de las EPS -con destacables excepciones-, (ii) la administración de Fondos de pensiones, (iii) prestación de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones en especial de la telefonía móvil celular, y (iv) el caso de la expedición de licencias de construcción y demás competencias que se le han asignado a los curadores urbanos. 

A la hora de una evaluación de los desarrollos del actual modelo, no puede perderse de vista que si bien la Constitución autoriza a los particulares a involucrarse en asuntos que antes eran propios y aún de exclusividad del Estado, jamás la Constitución ha prohijado que tanto los servicios, como la funciones se puedan ejercer en forma absolutamente libre y por el contrario se ha reservado al Estado, su intervención, planeación y especialmente su vigilancia y control.

Después de más de 20 años de desarrollo institucional y por fuerza de los hechos, se ha llegado la hora de que el país haga una reflexión a fondo sobre las bondades del modelo que ha adoptado,  y que tanto, quienes han administrado los recursos de la salud [EPS] y las pensiones [en especial Colpensiones] y quienes vienen prestando servicios públicos como es el caso de la telefonía celular, como quienes se han ocupado el urbanismo en nuestras ciudades [los curadores urbanos],  sean objeto de un escrutinio detallado a través de los diferentes sistemas de control,  en especial del político a cargo del Congreso, el fiscal a cargo de las Contraloría, el disciplinario por el ejercicio del deber funcional a cargo de la Procuraduría  General de la Nación y como es apenas natural el control Social a cargo de los ciudadanos. 

Lo ocurrido en el país con la destinación de los recursos del sector salud, la forma como se han prestado los servicios móviles de telecomunicaciones, en especial las continuas fallas en la prestación de la telefonía móvil celular, la forma como se están atendiendo los derechos de los jubilados,  y el fracaso que está denotando la actividad que desarrollan los curadores urbanos, son motivos que deben generar una modificación sustancial en las políticas públicas colombianas, en la que sin desconocer la enorme importancia que tiene el sector privado, el Estado reasuma su papel y realmente sea el rector de los asuntos sustanciales en la vida de los Colombianos.

*Senador de la República

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