Indignación colectiva y sueldos

Descontento que se recrudece cuando se sabe que hace poco el Consejo de Estado les arrebató a los mismos congresistas dos primas absurdas que eran incluidas en la totalidad de su salario: la de localización y la de salud.

El ente judicial negó la segunda —porque los congresistas no ejercen una profesión que ponga en riesgo su integridad— y aceptó, en ciertos casos, la primera, para aquellos que no viven en Bogotá e incurren en un gasto extra. Lo que el ente judicial hizo fue enderezar el sentido que se les imprimieron a estos dos insumos salariales. Nada menos. Era lo justo.

El gran problema, y esto es lo que parece esquivar la opinión pública cuando se indigna un poco a ciegas, es que los sueldos de los congresistas son la base para fijar los de muchos otros funcionarios públicos: más de 2.000 personas verían reducidos sus ingresos por debajo de 16 millones de pesos mensuales. Empleados de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Contraloría, de la Fiscalía, entre otras corporaciones.

El riesgo de esta medida impopular lo debían tener más que claro el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente, Juan Manuel Santos. Era la carta que, por supuesto, no querían jugar: regalar esta prima en estos momentos de la historia, cuando el Congreso tiene una percepción negativa del 70%. Y cuando, se nota, vuelven lento el proceso legislativo —de proyectos importantes y necesarios, al menos en su discusión— hasta tener en sus manos lo que ellos quieren. Se ve como un chantaje y en cierta medida lo fue. Eso indigna mucho. ¿Hasta cuándo los señores congresistas no van a dar muestras de altura?

Sin embargo, no hay que dejar de pensar en la posibilidad contraria: que se redujeran los sueldos de los congresistas y, por ende, tuvieran que hacer un reajuste de los demás funcionarios, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha dicho que una reducción no se puede hacer sin una modificación al contrato laboral, era un desgaste estatal que algunos expertos han juzgado como innecesario. Sobre todo porque los salarios en el servicio público están pensados, también, para que el sector privado no se lleve fácilmente a los mejores.

Sea como fuere, la indignación se siente. Es normal. El Congreso no está a la altura de las expectativas de los ciudadanos. Y vemos también, con consternación, que la remuneración que hay para ellos, comparada con otras naciones del hemisferio, es demasiado alta. Que no estemos generando nosotros mismos, desde el Ejecutivo, las desigualdades en las que este país se ahoga y por las que nos vemos sometidos a tantos problemas.

Lo mejor, por supuesto, es no dejar que las cosas se queden así. La ciudadanía, por un lado, que si se siente tan molesta con quienes son sus representantes, piense entonces su voto para las elecciones que se vienen el otro año. ¿No es culpa, en últimas, de nosotros mismos elegir este tipo de personas de las que siempre nos quejamos? Y el Gobierno, por el otro. Hay que adelantar un debate sobre cuánto es que debe ganar un congresista —y, de ahí para abajo, el resto de funcionarios públicos que a este sueldo están atados— dependiendo de la economía de Colombia. Como dijimos, viendo las cifras de otros países, el monto que aquí pagan desborda toda lógica. Esto no se puede volver, por favor, una feria de favores entre una rama del poder público y otra. No es justo con el país.


Por: Elespectador.com

Comentarios

Entradas populares