Mínimo vital en servicios públicos

Autor: Eugenio Prieto 
27 de Octubre de 2013
 
 
En mi paso por la Comisión VI del Senado, he comprendido en mayor dimensión, la enorme confrontación que existe en Colombia, entre la teoría económica y la teoría social del Estado. Desde la teoría económica, se confunden servicios con mercancías y tarifas con precios y de manera insensible se piensa que el derecho a los servicios púbicos solo está circunscrito a quienes pueden pagarlos. En contraste, quienes defendemos la teoría social del Estado, creemos en la necesidad de dar cumplimiento a la cláusula del Estado Social de Derecho, según la cual los servicios públicos deben ser prestados a la totalidad de los habitantes del territorio.
 
Por tal razón, en compañía de la bancada del Partido Liberal, he radicado el Proyecto de Ley 101-Senado/13, que hace referencia al mínimo vital en la totalidad de los servicios públicos domiciliarios, esto es, agua potable, saneamiento básico [alcantarillado y aseo], energía eléctrica, gas combustible domiciliario y gas, además incluye los servicios de tecnologías de la información, esto es, el servicio de telefonía y el de internet.
 
El Proyecto de Ley, dentro de la orientación de la sentencia T-793 de 2012, busca eliminar exclusiones en el acceso a los servicios básicos, y además defender a la totalidad de los usuarios que encontrándose en condiciones de alta vulnerabilidad, por sus precarias condiciones económicas, no tienen capacidad para pagar el servicio.
 
Del Proyecto de Ley varios temas son relevantes, quiero concentrarme en tres. Primero, el origen de los recursos con los cuales debe atenderse el pago del mínimo vital. Proponemos sean los actuales fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, pues nada hacemos, si en la protección de este tipo de derechos ponemos nuevas cargas a las Empresas que las hagan inviables.  El hecho de que sean los fondos los obligados a atender el pago de los consumos de servicios de los más pobres no es nada diferente a la concreción del principio de solidaridad tarifaria que consagra el artículo 367 de nuestra Constitución Política.
 
Segundo, que el derecho pueda reclamarse ante la empresa y no sea necesario que los ciudadanos acudan al juez de tutela para solicitar la protección de derechos que el orden jurídico les reconoce. No tiene sentido congestionar los juzgados y generar altos costos de transacción para el Estado y para los ciudadanos más pobres, cuando se sabe que los fallos judiciales no pueden hacer otra cosa que reconocer la existencia del derecho. Es atributo del Proyecto de Ley, cumplir uno de los propósitos actuales de todas la autoridades, lograr en lo posible, desjudicializar las decisiones administrativas y descongestionar los despachos judiciales.
 
Tercero, como un tema que merece un trato aparte, el Proyecto de Ley hace referencia a que los prestadores del servicio deben garantizar el debido proceso a los usuarios antes de proceder al corte o suspensión de los servicios; lo que en la práctica no es otra cosa que impedir que las empresas suspendan el servicio frente al hecho objetivo del no pago, sin constatar que al hacer el corte se sacrifican o no, derechos constitucionalmente protegidos.  En adelante antes de suspender o negar el servicio la empresa debe realizar una actuación administrativa que le permita al usuario explicar sus condiciones y reclamar a su favor el derecho al mínimo vital cuando sea del caso.
 
Creo que la labor sustancial de los congresistas, es ser intérpretes de las necesidades más sentidas de la ciudadanía que representamos, por eso cuando presento iniciativas como la relativa al mínimo vital en servicios públicos y otras como las asociadas a la protección de los usuarios de telefonía móvil celular y cuando cuestiono el actual sistema de prestación de servicios de televisión, lo hago como vocero real y no formal de quienes me brindaron su confianza ciudadana al elegirme.
 
*Senador de la República

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