Fallo pone en vilo bases de la Policía en pueblos de zonas rojas

Polémica por sentencia de Consejo de Estado que condena a la Nación por ataque de Farc en Arauca.

En un controversial fallo, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar los destrozos provocados por los cilindros bomba de las Farc en las edificaciones aledañas a la estación de Policía de Puerto Rondón (Arauca), a finales de los 90.

Al fallar una demanda del entonces obispo de Arauca, Arcadio Bernal, esa alta corte señaló que “en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de Policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña”.

Es una posición polémica porque responsabiliza civilmente al Estado por los efectos de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los grupos armados ilegales, incluso en casos en los que no hubo negligencia o colaboración de agentes oficiales. Además pone en entredicho la presencia de la Policía en todos los municipios del país, que precisamente fue una de las claves en la mejoría sostenida del orden público y la seguridad en la última década.

Según la sentencia, la cual tumbó un fallo del Tribunal Administrativo de Arauca que había negado la demanda, “el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal”.

Los magistrados Danilo Rojas, Stella Conto Díaz y Ramiro de Jesús Pazos (el ponente) señalaron que los destrozos en la iglesia del pueblo, la casa cural y el colegio La Inmaculada, producto de ataques desde abril de 1998 hasta marzo del 2000, no pueden considerarse “un ataque indiscriminado hacia la población del municipio de Puerto Rondón, sino uno específico contra la Policía”.

Este lunes en la noche, en el Ministerio de Defensa se cumplía una reunión de alto nivel para analizar las implicaciones del fallo.

Fuentes señalaron que una posición semejante terminaría por afectar la seguridad de la población civil, cuya protección es la misión esencial de la Policía. El fallo también abre un boquete para nuevas condenas contra la nación, pues las Farc han destruido pueblos enteros con cilindros bomba.

Tras varias de sus acciones que han dejado muertos y heridos entre la población civil, las Farc han intentando eludir su responsabilidad señalando que son daños colaterales derivados de ataques contra unidades militares y policiales. Eso dijeron hace una semana, tras la motocicleta bomba contra la estación de Policía en Pradera (Valle) que dejó un muerto y cerca de 50 heridos.

La sentencia señala que los daños a edificios religiosos deberán ser asumidos por el Estado. Los magistrados se negaron a ordenar el pago de “perjuicios morales” que reclamaba el obispo Bernal por el “sufrimiento y aflicción” que supuestamente le provocó la destrucción de los bienes de la iglesia en Puerto Rondón.

En el 2012, una tutela de la Corte Constitucional también encendió el debate. El tribunal ordenó mover una base del Ejército porque supuestamente había invadido territorio de una comunidad indígena del Guaviare.

REDACCIÓN JUSTICIA

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