Privación de la libertad de Tobías Giraldo fue injusta


Elespectador.com 

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Naciónpor las irregularidades que se presentaron durante la investigación que se adelantó en contra del exalcalde del municipio de San Andrés de Cuequía (Antioquia) Tobías de Jesús Giraldo Sánchez, hecho por el cual se le dictó orden de captura y medida de aseguramiento.

En la acción materia de estudio se determinó que el mandatario distrital estuvo privado de su libertad nueve meses en el desarrollo de una investigación penal en su contra por su presunta participación en los delitos de apropiación del patrimonio público y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la celebración de contratos.

El 4 de octubre de 1993 el exmandatario municipal fue capturado por la Fiscalía delegada ante el juzgado de instrucción criminal en el desarrollo de la investigación penal que se despendió de un fallo disciplinario de la Procuraduría Primera Regional de Medellín por irregularidades en contratación durante su mandato en los años 1988 a 1990.

En la demanda estudiada por el tribunal de lo contencioso administrativo se indica que el ente investigador le negó en repetidas oportunidades las solicitudes de libertad presentadas por el exalcalde “incluso” cuando ya se había presentado un vencimiento de términos para presentar el escrito de acusación.

El 3 de junio de 1997 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquiarevocó la acusación y precluyó la investigación tras demostrar que no cometió los delitos materia de investigación. Hecho por el cual se ordenó su libertad inmediata y se ordenó una investigación penal y disciplinaria de los funcionarios que estuvieron detrás de este caso.

Sin embargo, la Fiscalía delegada de Ituango le informó al exalcalde que en su contra existía una investigación pendiente por el delito de peculado hecho por el cual continuó privado de la libertad. No fue hasta el 7 de julio de 1994 que el juez penal del circuito de Yarumal ordenó la preclusión del proceso, al otro día quedó en libre.

En la demanda se manifiesta que durante el tiempo que estuvo preso fue destituido de su trabajo como inspector de la Policía en el municipio de San Carlos (Antioquia), ocupación que era el sustento de su esposa y sus hijos quienes se vieron afectados de manera considerable.

“Su carrera política e imagen se vieron gravemente afectados, ya que cuando quiso volver al sector público encontró todas las puertas cerradas”, precisa uno de los apartes de la demanda en la que se argumenta la depresión en la que cayó el exmandatario quien se separó de su pareja sentimental.

El tribunal de lo contencioso administrativo señaló que “todos los declarantes manifestaron al unísono que una vez culminada la investigación y el demandante recobró su libertad, intentó regresar a la vida pública, pero no le fue posible, viendo frustrada todas sus expectativas en ese sentido y además de ello, todos coinciden en el hecho de que antes de que sobreviniera la detención sus relaciones conyugales eran estables y después de este episodio se separó de su esposa”.

Igualmente la Sala llamó la atención sobre las irregularidades que se presentaron en la investigación que adelantó la Fiscalía General que en repetidas oportunidades negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos argumentando que se trataba de una maniobra dilatoria, y no tuvo en cuenta, además, el hecho de que uno de los delitos por los que era investigado el exmandatario ya había prescrito.

“Estas circunstancias dan cuenta de la ligereza y descuido que caracterizaron la actuación de la Fiscalía, quien no sólo prosiguió con el proceso a pesar de que la acción penal se encontraba prescrita, sino que haciendo caso omiso negó todas las solicitudes de libertad formuladas por el prisionero”, precisa el análisis adelantado por la Sala.

En este sentido se consideró que “ante fallas tan prominentes no cabe duda de que la privación de la libertad que padeció el señor Tobías de Jesús Giraldo Sánchez fue injusta y en consecuencia, el daño le es imputable a la Fiscalía General de la Nación,por lo que se le ordenará indemnizar los perjuicios que se encuentren demostrados.Finalmente, se absolverá a la Procuraduría General de la Nación, toda vez que al remitir copia del proceso disciplinario a la Fiscalía, únicamente estaba actuando en cumpliendo (su) deber”.

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