Santos, en deuda ambiental

Por: Juan Pablo Ruiz Soto
ElEspectador

Las dos son muy exigentes en términos ambientales y es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2015 (PND) su marco de referencia para gestionarlos. La pregunta es si el PND contiene las herramientas para avanzar con sostenibilidad ambiental.

El lunes 6 de abril, por convocatoria del Foro Nacional Ambiental y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realizó un encuentro entre ambientalistas, el Consejo Nacional de Planeación, algunos congresistas y el DNP para analizar los aspectos ambientales del PND. Se invitó a todos los partidos y respondieron al llamado el Partido Verde, el Partido de la U y el Centro Democrático. Los representantes de estos partidos —quienes según Manuel Rodríguez, moderador del foro, en general tienen posiciones muy contrarias respecto a diversos temas en el Congreso— manifestaron algunas coincidencias asociadas a la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y precisar metas y compromisos para disminuir la gran brecha entre la propuesta conceptual contenida en las bases del PND y la estrategia y su gestión, así como entre el discurso y los recursos asignados. Esto es motivo de controversia en el Congreso como parte de la discusión de la llamada Ley del Plan.

Entre los temas mencionados por los participantes merecen especial mención la necesidad de compensar a los predios de la sociedad civil y a los municipios que generen servicios ecosistémicos de interés nacional o regional para asegurar que se conserven los ecosistemas y los servicios ambientales relacionados con la producción de agua y la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas y paisajes transformados —parques nacionales, regionales o municipales y en reservas de las sociedad civil— y la necesidad de asegurar, al hacer la titulación predial, la función ecológica de la propiedad. Igualmente hubo coincidencia respecto de la necesidad de reconsiderar las licencias exprés y exigir, como lo recomienda la OCDE, licencia ambiental para la fase de exploración para hidrocarburos. Se propuso adoptar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero y revisar el tema de la minería ilegal e incluso declarar una emergencia ambiental y social generada por este fenómeno. Otro tema crítico es la expansión urbana y la necesidad de planificar la ubicación y el crecimiento de las ciudades de acuerdo con la disponibilidad de agua actual y futura. Se propuso incrementar las tasas por el uso y consumo del agua por los diferentes sectores productivos y por las ciudades e incluir en la tarifa los montos asociados a la gestión de conservación del recurso hídrico. Ante la escasez de agua es necesario reglamentar su uso por los diferentes sectores productivos y evitar el escalamiento de los conflictos sociales en torno al agua. Varios panelistas coincidimos en la necesidad de retomar el tema del crecimiento poblacional y definir una política nacional para disminuir la actual tasa de crecimiento poblacional.

El Gobierno Santos 2010-14 quedó en deuda ambiental, esperamos que durante su segundo período no la incremente.

*Miembro Consejo Nacional de Planeación.

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