Los desastres de EPM en Puerto Valdivia


Agencia Prensa Rural
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Romelia Serna, de más de 80 años de edad, está en el hospital. Esa madrugada del 25 de abril el agua desbordó la montaña. Eran las tres de la mañana y todos sentían que bajaba con furia para encontrarse con el río Cauca. El barrio Remolino, en Puerto Valdivia, sufrió los impactos de la construcción del túnel hacia Hidroituango, por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), y sus habitantes quedaron a la deriva, durmiendo en los salones de la escuela y con todos sus enseres perdidos. También el acueducto del corregimiento se quedó dañado varias horas. A Romelia el agua la arrastró, le cayó una piedra en el pecho y quedó inconsciente.

Puerto Valdivia es un corregimiento de Valdivia y es donde inicia el Bajo Cauca. Ahí culmina el cañón del río Cauca, donde aún sacan bagres de gran tamaño. En ese sector, EPM está planeando hacer una segunda represa llamada Espíritu Santo, es decir que el corregimiento podría desaparecer.

La mesa comunal por la vida digna, que hace más de un mes se conformó y hace quince días eligieron el presidente, tomará las decisiones en adelante y se ha encargado de liderar la situación que aqueja a la comunidad esta última semana. El presidente de la Mesa dice que “queremos cumplir un anhelo, un espacio para el poder popular. Que haya autonomía en las comunidades y tengan una incidencia política. Necesitamos una solución real a la problemática que permita estabilizar la región. Cada ocho días hay un paro, movilización, bloqueo de vías”, y a esto nadie ha prestado atención.

El lunes 27, la mesa comunal citó a una asamblea a las asociaciones presentes en la zona, mineros, pesqueros y al alcalde de Valdivia, junto con la comunidad afectada, para dar una rápida solución a los damnificados y habitantes del barrio que temen volver a sus casas porque saben que la montaña está cediendo. También llegó un concejal, la policía y el ejército, y estos últimos lo que hicieron fue intimidar a la comunidad con sus cámaras en celulares y relojes, como siempre escondidas en sus uniformes. EPM ni se presentó.

Cuenta uno de los campesinos que en 15 días, la quebrada se ha crecido y desbordado en dos ocasiones; antes bajaba sin problemas. Esta última vez quedaron unas grietas. La comunidad se tomó la tarea de medirlas un día después y han crecido dos centímetros. Son días de lluvia. La gente siente que la montaña está débil, que corren riesgo de algún deslizamiento grave. Removieron la tierra para construir una carretera sin ninguna concertación con el barrio y la montaña tiene memoria.

“La semana pasada entró la máquina que entierra varillas, una perforadora, apenas las metieron salieron chorros de agua. Las tuberías de pvc que ellos meten no sirven para nada, lo que hacen es taponar el cauce natural de las aguas”, dice un líder de la comunidad. Y estos son los resultados de dicho trabajo: 25 familias damnificadas, una anciana que casi pierde la vida, acueducto averiado, vidas llenas de temor y desacuerdos con la Gobernación.

Y agrega el presidente de la Mesa, “no es un fenómeno natural, como dice el alcalde. Que llueva sí, pero que se perfore una montaña no y éstas son las consecuencias, pero no quieren aceptarlo”. Una de las acciones que la comunidad concretó fue bloquear la vía al túnel y parar los carros de EPM hasta que haya respuestas.


Decisiones de una comunidad organizada

Lo primero que hizo la comunidad fue unir todas las problemáticas para expresar al alcalde todo el deterioro social y ambiental que viene de parte de Hidroituango. Mineros, pescadores, campesinos, animales, plantas, ríos, montañas, miles de afectados por los que nadie responde y en cambio sí reciben desplazamientos, amenazas, desigualdad, atropellos.

En la asamblea todos entregaron las problemáticas al alcalde, a lo que éste les respondió: “Todo viene desde el Estado. El alcalde no es el que tiene que responder y el que piense así está fuera de base”. Fácil manera de lavarse las manos. Y para completar agrega: “Si siguen bloqueando pierden toda posibilidad de diálogo con el Estado”. Amenaza que sólo busca amedrentar el derecho a protestar e indignarse.

Exigieron que para el viernes 1 de mayo, cuando se convocó una segunda asamblea, estuvieran presentes la Gobernación, Corantioquia, funcionarios de EPM, todos con poder de decisión. Además prohibieron la entrada de Mariluz Quiroz, socióloga de EPM; y Jorge Suaza, gerente de Municipios del Norte, porque no toman las decisiones sino que son “mensajeros de la institucionalidad y siempre tergiversan las situaciones al amaño de ellos y ponen a las comunidades en riesgo”, afirma otro líder de la región.

Esta situación en Puerto Valdivia llevó a que el gobierno departamental cerrara la mesa de negociación con la Cumbre Agraria regional que estaba programada para el jueves 30 de abril. “A pesar de los innumerables esfuerzos y avances palpables realizados para construir lazos de confianza y trabajo con los líderes y las plataformas presentes en la Cumbre Regional Antioquia y con aquellos presentes en la zona, hoy estemos en un escenario que desconoce el diálogo y prioriza las vías de hecho y la violación de las normas y de los derechos de terceros”, dice en una carta la Gobernación.

Desconocen la situación de estas familias afectadas. Dan licencias y defienden esos megaproyectos, sacrificando la naturaleza y los humanos que la habitan. “Es en estos escenarios de agudización de los conflictos territoriales en donde más se deben abrir las posibilidades de llegar a acuerdos, en los que se priorice la no vulneración de los derechos fundamentales”, responde la Cumbre a la Gobernación.

“Yo ya no puedo dormir, la vida se me hizo imposible desde que empezó Hidroituango y me duele porque nací y crecí en la zona, pescaba, barequiaba y ahora no puedo hacer nada de eso. Los municipios no han hecho nada en el tema ambiental. Lo más importante es el medio ambiente. Sobrevivimos por el agua, la comida, el suelo, el aire y es lo que tenemos que defender”, dice William, que es barequero desde niño.

“Ese megaproyecto está sobrepasando y repitiendo la masacre del 97 en El Aro. No nos dan plomo, pero nos desplazan a gran escala y nos arrebatan el territorio, la memoria, toda nuestra vida. Nos están mandando para la ciudad y allí también vamos a sufrir”, termina diciendo un desplazado por la masacre del Aro, ahora afectado por el deslizamiento.

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