Orobajo tiene las horas contadas


Es ahí. La lancha paró en una playa, luego de una curva y de subir una hora por el río desde el puente de Pescadero. Treinta casas de bahareque, techos de zinc, una escuela con tres sirenas y un pato Donald pintados en la pared, pisos de cemento liso. No hay iglesia pero la virgen de la Misericordia, gastada de sol y de lluvia, vigila al pie de la montaña que es una pared alzada donde terminan los últimos solares.

Al mediodía el sol levanta vapores que tuercen sus imágenes. Así es Orobajo, en medio del cañón del Cauca a más de diez horas de camino de cualquier pueblo, un sitio que borrará la represa del proyecto hidroeléctrico Ituango.

En el poblado, con los días contados viven 39 familias censadas y las no censadas, que han tenido como única fuente de vida las migajas de oro que le sacan al Cauca y algo de pesca que por estos días se ha puesto difícil desde que iniciaron las obras en Ituango. La tarea la aprendieron de sus padres y estos de sus abuelos y bisabuelos que nacieron y murieron allí, casi que sin contacto con el resto del mundo. Su pasado tiene línea directa con los indígenas nutabes, que habitaron la región entre los ríos Cauca y Porce. Que el caserío desaparezca solo es cuestión de tiempo.
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Si Gumes Borja Mosquera supiera leer, la cédula le serviría para verificar como se escribe su nombre. Si para él hiciera alguna diferencia una ese o una zeta ya lo habría preguntado. El johnsero de Orobajo (opera la lancha equipada con un motor Johnson) lleva dos años con la comunidad, vino de Zaragoza a sacar oro de un tajo abierto con retroexcavadoras a la orilla del río, hasta que en un operativo las autoridades le quemaron una de las máquinas.

En 47 años, tranquilo, voluntarioso, negro, ha lidiado las corrientes del Nechí, el Porce, el Timitá, el Mata, el Charcón, el Micay. Una docena de ríos antes que el Cauca, aguas bravas que lo obligan a agarrarse de la lancha.

Cuentan que luego de la masacre de 1998, cuando paramilitares asesinaron a cinco hombres del caserío, entre ellos a don Virgilio Antonio Sucerquia, conocido en la región como el cacique de Orobajo, una niña que tendría por entonces 15 años y otro que no pasaba los 12, se tiraron al río al ver los muertos. No alcanzaron a cruzar.

Si no es por el río, para llegar de Orobajo a Peque, a Ituango, a Toledo, a Sabanalarga, a cualquier parte, hay que caminar entre 10 y 14 horas por trochas de un desierto que suben y bajan las montañas o siguen como pueden el Cauca. La profesora de primaria, contratada por el Departamento, hace el viaje en dos jornadas de camino cada vez que puede para ver a su hija en Medellín.

Cuando es río abajo, hasta los niños se dejan llevar por la corriente pegados a troncos de madera de balso, que cargan como una cruz de regreso. Pero cuando hay que ir río arriba la lancha es hoy una opción a pesar de los riesgos cuando se remontan tramos en que las rocas de los costados estrechan la corriente y las del fondo la vuelven turbulenta, siempre que se junten, por lo menos, 250.000 pesos para el combustible.

Como Gumes Borja, algunos pobladores de Orobajo llegarán a firmar una concertación con EPM sin saber bien cómo se escribe su nombre. Pero les han dicho que tienen derechos, sobre todo si conservan la ascendencia y tradiciones de un pueblo indígena.
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En la edición 36 del Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, de 2005, en un artículo títulado Conquista y mestizaje: un duelo de memorias e imaginarios, Carlos Mario Herrera Correa, se refiere al proceso de conquista y colonización que dejó localidades y veredas siguiendo el oro por Buriticá, Peque, Ituango, Liborina, Sabanalarga y Toledo.

“Los habitantes de estos municipios que viven fuera del cañón distinguen este paisaje como aquel donde vive la “gente más aindiada” del occidente y norte antioqueños. Los “aindiados” o “cañoneros”, como se autodenominan y son denominados los naturales del referido territorio, dicen que el “país” que habitan “va desde Santa Fe de Antioquia hasta Ituango”.

De los habitantes de Orobajo, el antropólogo Jorge Eliécer David Higuita, de Sabanalarga, dice que los apellidos que tienen —Sucerquia, Feria, Chancí o el mismo David— son los mismos consignados en crónicas del siglo XVII, los que tenían quienes desde entonces pescaban en el río y barequeaban sus arenas.

Sin embargo el Ministerio del Interior, certificó el pasado 14 de mayo que no hay comunidades indígenas en el área del proyecto hidroeléctrico. Este concepto lo expone al comienzo EPM para hablar de la restitución integral que considera para los pobladores del caserío que se inundará.
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“¿Qué plazo tiene el proyecto para la reubicación antes de inundar?”. Luego de una reunión con los representantes del cabildo Nutabe y sus asesores, Jorge Ignacio Castaño, el director Social, ambiental y de Sostenibilidad del proyecto Ituango, contesta que no quieren forzar las cosas, aunque tienen presente que el 30 de noviembre de 2018 la hidroeléctrica debe empezar a generar energía.

“Aspiramos a hacer efectiva la restitución en 2016”, señala. El área de la represa se debe inundar en el segundo semestre de 2018.

Recalca que trasladar a los habitantes de Orobajo requiere soluciones en cuanto al hábitat, las actividades económicas, las redes sociales y culturales y la infraestructura comunitaria.

Aunque no todos quieren irse juntos. 13 familias ya han manifestado ante la empresa adónde quieren irse, cada una por su cuenta. Si ha disminuido la pesca, Castaño Giraldo, pide que se tengan en cuenta actividades como la minería mecanizada que están afectando la zona antes que el proyecto, que tiene estudios y monitoreo permanente para evitar los impactos negativos. Anota que Hidroituango tiene regulación en lo ambiental por parte de la Agencia de Licencias Ambientales y Corantioquia.

“Además, por contar con recursos de la banca internacional, las exigencias son altas”, señala.
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“Adonde nos vayamos nos vamos a quedar hasta morirnos, y no queremos que sea donde nos sintamos aburridos”. Eddi León Sucerquia Feria, de 37 años, hijo del cacique, es hoy el líder de la comunidad, desde el año pasado es el gobernador del cabildo Nutabe de Orobajo. Sentado en una banca de madera en la sede comunal —una ramada de seis por 10 metros a la que el viento amenaza con quitarle el techo cada tarde—, rodeado de sus vecinos, explica sus diferencias en la concertación con Empresas Públicas de Medellín, responsables de hacer allí la hidroeléctrica más grande del país.

Los nutabes que han decidido trasladarse juntos al final del proceso, piensan en la finca La Floresta, a unos diez minutos en carro de Sabanalarga hacia Medellín. Desprendidos de la minería y la pesca, se imaginan sembrando caña, haciendo panela y con ganado en potreros.

Pero según explica, la propuesta de la empresa no pasa por esa finca. “Hay unas personas que no las cogió el censo ¿cómo van a subsistir? Gente que se crió y se levantó aquí. A los estudiantes, que aquí también barequean el tiempo que no están en la escuela, no les van a reconocer nada”, apunta.

Por cierto, los jóvenes no han tenido este año profesor de bachillerato. El que hubo lo contrataba el proyecto.
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Sucerquia, saltó y corrió por el monte cuando asesinaron a su padre Virgilio Antonio, el cacique, que tendría entonces 60 años, y a su hermano Roelí Antonio al que le calcula 30, también a Bernardo Chancí y a Luis Ángel David, todos parados contra la pared de la escuela antes del fusilamiento. Los que los conocieron les ponen 40 y 22 años, más o menos. Si de algo tienen certeza es que era el 12 de julio de 1998.

—Sigan a ese que se voló —recuerda los gritos, las balas que le dejaron cicatrices en la espalda, una mano, la ingle, tras una rodilla y en la planta de un pie. Ningún tiro certero, suerte.

Abelardo David, hermano de uno de los muertos, se fue de Orobajo. Vivió en el barrio Santa Rita de Bello, vendió mazamorra cuatro años, dice que sufrió. Dice que los que ahora dejen el Cauca lo extrañarán. Volvió cuando el miedo lo dejó.

“Me tocaba que me regalaran la ropa, en cambio aquí si no había oro, había pescado”.

Hoy reclama que le reconozcan su arraigo para la restitución, algo que no ha logrado. Sin más, admite que firmó la oferta de la empresa.

“Eran 19 millones, si no firmaba en 30 días, ya eran 17, a los otros 30, 15. Y si no firmaba, la empresa entendía que no había aceptado, y me consignaban 10 millones en un banco, que yo vería si los reclamaba o no”.

Que el caserío desaparezca solo es cuestión de tiempo. Lo mismo es que se acabe la minería artesanal de los barequeros, una tradición anterior a la colonia, que persiste allí. 

ElColombiano

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