Alerta por aumento en contratación estatal antes de Ley de Garantías

A menos de 20 días de que entre a regir la Ley de Garantías Electorales (25 de junio), desde los distintos órganos de control, la academia, y organizaciones veedoras del proceso electoral como la Misión de Observación Electoral —MOE— y la Corporación Transparencia por Colombia, ya se prendieron las alarmas ante posibles irregularidades que en materia de contratación se pueden presentar en los próximos días en los distintos entes territoriales del país.

Según Camilo Mancera, coordinador nacional jurídico de la MOE, estas dos semanas que vienen serán especialmente críticas y por eso será crucial estar pendientes de lo que suceda en las administraciones locales en términos de contratación, porque “lo que hemos podido detectar tanto en este proceso electoral como en los anteriores es que buena parte de la contratación previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se adelante con fines proselitistas”.

Sin embargo, Mancera advirtió que erróneamente la Ley de Garantías suele circunscribirse exclusivamente a temas financieros, cuando en realidad va más allá de lo estrictamente contractual.

“La intervención en política de funcionarios públicos ha sido una situación que constantemente nos reportan. Tenemos denuncias de distintos eventos en los que gobernantes aparecen con precandidatos que todavía no están inscritos y por eso no constituye una irregularidad como tal, pero sí se le causa un daño grave al equilibrio entre las campañas”.

En cuanto a los territorios con mayores riesgos de incurrir en este tipo de irregularidades, Mancera aseguró que en la MOE no se tienen identificados estos lugares “ya que en muchas ocasiones este tipo de situaciones son reportadas en razón de la persona que esté en el cargo, y como las administraciones cambian se dificulta mucho establecer un patrón”.

El riesgo es inmenso


Para Marcela Restrepo Hung, directora del área de Sector Público de Transparencia por Colombia, es claro que en Colombia hay una falla estructural en el proceso de contratación y precisamente por eso “estas próximas dos semanas se convierten en el momento crítico de ese desorden”.

Si bien Restrepo aclaró que en Transparencia por Colombia aún no hay una medición sistemática de lo que podría presentarse en los próximos días, sí confirmó que el trabajo cercano que realizan con los distintos gobiernos locales les ha permitido comprobar que previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías las entidades empiezan a acelerar todo el proceso de contratación, sobre todo en lo que tiene que ver con los convenios interadministrativos y la contratación directa, “lo que nos plantea un riesgo inmenso, porque muchas veces son contratos sin planeación ni medición de riesgos que no cumplen con los otros requisitos de carácter legal que son requeridos”.

Por su parte el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien hace parte de la Comisión Especial de Seguimiento Electoral, dio a conocer que a la fecha, de las más de 330 denuncias que ha recibido Uriel —Unidad de Reacción Inmediata Electoral—, 30 de ellas se refieren al presunto uso inadecuado de los recursos públicos.

Asimismo, desde la Contraloría se informó que, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 354 de la Constitución, desde ese órgano de control ya se está preparando una circular que se les dirigirá a todos los entes territoriales para que hagan buen uso de los recursos, sin que ello se convierta en un impedimento para que los alcaldes y gobernadores realicen una buena gestión presupuestal.

ElColombiano - Editado

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