¿Qué hacer con el diagnóstico del campo?

Colombia como una potencial despensa de alimentos para el mundo es ya una idea ampliamente difundida, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el estandarte del país en la exposición universal que actualmente está en Milán, Italia. Pero la pregunta que a más de uno le surge es cómo será eso posible teniendo en cuenta las precarias condiciones del sector rural, que recientemente el Censo Nacional Agropecuario ha corroborado con cifras.

El Gobierno ha intentado saldar la “deuda histórica con el campo” impulsando el primer censo rural en 45 años y la Misión para la Transformación del Campo, o Misión Rural, liderada por José Antonio Ocampo. Del primero, se conoce la mitad de los resultados, pues aún está pendiente la publicación de seis informes, de ahora a diciembre. La segunda, según dijo a este diario el exministro Ocampo, estará lista a finales de este mes.

Al diagnóstico se sumó la radiografía de políticas rurales, con las respectivas recomendaciones, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su informe, el “club de países de las buenas prácticas” vio en Colombia una economía rica en recursos naturales, pero en la que la infraestructura es deficiente y la tenencia de la tierra se ha concentrado. Sobre eso, ya dijo el censo que sólo 16 % de los productores en el campo tienen maquinaria y construcciones para sus actividades agropecuarias y que las unidades de producción de más de 1.000 hectáreas son el 0,2 % del total, pero ocupan el 32 % del territorio.

Según el organismo, Colombia, además de tener bajas condiciones de competitividad, integración al mercado de los pequeños productores y poca diversidad exportadora, ha implementado instrumentos que distorsionan el comercio y la producción, por ejemplo las franjas de precios y los subsidios directos, como el PIC cafetero de hace dos años. En cambio, señala que la inversión estatal en bienes públicos durante más de 20 años ha sido cercana sólo al 10 %, mientras que el apoyo a los precios y el apoyo presupuestario directo al productor se han llevado el 90 % restante.

La escasez de bienes y servicios públicos es precisamente sobre lo que la Misión Rural ha repisado. Según esta, en ello se encuentra la clave para el cierre de brechas sociales y la competitividad. Ocampo, sin embargo, afirmó que no está de acuerdo con que la OCDE culpe a la protección al productor del mal estado del sector. “Las franjas de precios fueron una liberación comercial. Ahora decir que es proteccionista es un contrasentido”. La Misión ha hecho recomendaciones concretas como hacer política pública habitacional con enfoque territorial, que atienda necesidades particulares, y una especie de revolcón al Minagricultura: la creación de cuatro nuevas entidades y dos nuevos viceministerios.

La OCDE, en una línea más general, pero de fondo muy similar, ha recomendado inversión de largo plazo, mejorar los derechos sobre la tierra, la institucionalidad agropecuaria, entre otros. Ahora bien, con datos en mano, la pregunta que puede surgir es cómo, por dónde y qué tan fácil es empezar a implementar y ejecutar. En entrevista con este diario en junio pasado, César Pardo, presidente de Conalgodón, aseguró que para él “no es necesario hacer más estudios, porque el campo está más que sobrediagnosticado”. En cambio, “el gran interrogante es cómo vamos a desarrollar la agricultura, cómo vamos a tener negocios rentables”.

Ayer, en un encuentro organizado por Fedesarrollo, en el que se discutieron el informe de la Misión y el de la OCDE, uno de los grandes interrogantes fue cómo asegurar que el diagnóstico y las recomendaciones serán tenidos en cuenta en la política y de dónde saldrán los recursos para ejecutar. Según José Leibovich, consultor e investigador de asuntos agropecuarios, el cálculo del costo de llevar a cabo lo propuesto por la Misión rondaría el 1,2 % del PIB durante diez años, una cifra que no ha sido confirmada por el grupo de expertos y que es justamente lo que están definiendo antes de publicar los resultados consolidados. En el debate hubo consenso en que el reto rural es más grande aun de cara a la apretada situación fiscal por la que atraviesa hoy el país.

Para Leibovich, una forma de comenzar es la reforma institucional, que se vislumbra, pues las facultades que el Plan Nacional de Desarrollo le dio al presidente de la República, para modificar o eliminar entidades, vencen en diciembre. De acuerdo con el investigador, es vital resolver la disponibilidad de tierras y, finalmente, aseguró que habría sido bueno ver liderazgo de la cartera de Agricultura en el proceso de la Misión Rural y que no hubiera sido “sólo un notario, un observador”.

Respecto a qué hacer con lo que por un lado dijo la Misión y, por otro, la OCDE, Absalón Machado, académico con amplia trayectoria en temas agrarios y rurales, asegura que ambos insumos “son complemento. El de la OCDE es un diagnóstico más parcial de la problemática rural, porque está fundamentado en la productividad y no tiene una visión amplia de lo rural, como la Misión y los diálogos de La Habana. Pero apuntan a los mismos problemas estructurales”. Resaltó la Misión Rural como una propuesta de “modernización del sector con equidad, democracia, justicia y derechos humanos. Las teorías neoliberales o socialistas son extremos. Pero la Misión pone a Estado, mercado y sociedad a actuar en conjunto”.

José Antonio Ocampo finalmente explicó que confía en que lo dicho por la Misión tendrá peso sobre la política pública, empezando por que fue el presidente Juan Manuel Santos quien les pidió llevar a cabo el estudio. Asimismo, ve satisfactorio que el Gobierno haya anunciado la posibilidad de crear la Agencia Nacional de Tierras, lo cual fue precisamente una recomendación del grupo de expertos. El camino sin duda es largo, pues ponerse al día en la tarea de solucionar problemas estructurales no se hace de un día para otro, y con datos en el historial como que en 101 años del Ministerio de Agricultura, ha habido 100 jefes de esa cartera.

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