El sombrío paisaje del agro

Con la crisis petrolera, el país descubrió la urgencia de impulsar la agricultura. Dicen muchos que es el momento de que este sector brille, pero ¿podría en medio de sus condiciones actuales?
Por: Laura Dulce Romero

En Colombia la producción agropecuaria sólo aumentó un 24 % en los últimos 15 años, según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Crédito: Santiago La Rotta – Flickr

La caída del precio del petróleo ha logrado que, como pocas veces en nuestra historia, el país vuelque su mirada hacia la agricultura. En vista de las pérdidas, muchos priorizan la necesidad de diversificar la economía para darles protagonismo a otras actividades que intenten recuperar los ingresos que antes traía el llamado oro negro.

Uno de los sectores que más se nombra es la agricultura. “Esta es la oportunidad que tiene el agro para brillar”, dicen los gremios, el Gobierno y los campesinos. Pero, ¿está el sector en las condiciones para convertir a Colombia en potencia agrícola? ¿Podría suplir a futuro las ganancias del petróleo? Tristemente, la respuesta no es tan clara como la premisa inicial.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), considera que hasta ahora el país no ha querido priorizar el campo, aunque la economía mundial sea insistente con la necesidad de una mayor producción agrícola para abastecer a los 9.000 millones de personas que habitarán el mundo en 2050.

Y tal vez Mejía tenga razón o, por lo menos, así lo demuestran los estudios realizados por la SAC, que evidencian un panorama desalentador. En Colombia la producción agropecuaria sólo aumentó un 24 % en los últimos 15 años, cifra irrisoria para esta organización. En el caso de las exportaciones, la situación es aún más grave: en ese tiempo el volumen incrementó 4,8 %, al pasar de 4’082.000 a 4’276.000 de toneladas. En cambio, el panorama es diferente en las importaciones, que pasaron de 5’508.000 toneladas a 11’403.000, es decir, un incremento del 107 %. Las cifras no incluyen algodón, tabaco y flores.

A Mejía le alienta saber que por lo menos hoy todos los actores se pregunten qué sucede con la agricultura colombiana, si nuestro país cuenta con las condiciones ideales para ser una de las potencias agrícolas del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Él ha estudiado a fondo las problemáticas y por eso enumera tres aspectos que deben cambiarse de inmediato para una reforma estructural del campo: falta de bienes públicos, seguridad jurídica y ausencia de apoyo a las exportaciones.

De bienes públicos hace referencia a las tareas estatales: carreteras primarias, secundarias y terciaras; sistemas de riego y drenaje, e infraestructura de puertos y aeropuertos. Si esta parte no funciona, se presentan graves problemas en la producción y la exportación: “no hay posibilidad de sacar alimentos de los lugares remotos y no tenemos claro cómo manejar los ciclos del agua. Por eso si no estamos inundados, estamos pasando por graves sequías”.

En la seguridad jurídica le preocupa que no existan reglamentaciones que hagan valer los derechos de los campesinos ni haya una hoja de ruta que los guíe. Eso genera una incertidumbre que hace que muchos se abstengan de invertir en el campo.

En cuanto a las exportaciones, Mejía resalta la desventaja abismal que hay entre los productores colombianos y los importadores. Hoy hay mayores beneficios para quienes traen sus productos y, como consecuencia, nuestros mercados están repletos de bienes o servicios chilenos, americanos, chinos, por nombrar algunos.

Para Eberto Díaz, miembro de Cumbre Agraria, este fenómeno se debe a que las tierras no son utilizadas para cultivar. Según Díaz, el Gobierno debería implementar una política dirigida a la producción nacional de alimentos, que se traduce en poner a trabajar las 26 millones de hectáreas que están libres para la actividad agrícola.

Además, insiste en la necesidad de una redistribución y democratización de la propiedad de la tierra. Díaz afirma que más del 63 % de las parcelas están en manos del 1 % de la población, mientras que el 9 % de los terrenos pertenecen a los campesinos. “El accionar del Estado ha sido bastante limitado. El campo atraviesa una crisis de carácter estructural y las políticas que se han implementado han favorecido solo al empresariado a gran escala. No se fomenta la economía campesina ni hay un plan de ordenamiento territorial que identifique para qué son aptos las tierras y lograr desarrollar una economía mixta”, agrega.

¿Políticas de escritorio?


Si en algo están de acuerdo estos expertos (exceptuando al Gobierno) es que en Colombia se diseñan las estrategias para el campo, como Colombia Siembra o las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), “en escritorios bogotanos”. Y el problema es que muchas de las ideas resultan ser obsoletas en las áreas rurales porque no hay un acompañamiento constante. Mario Bonilla, codirector de la Confederación Agrosolidaria Colombia, cree que resolver las dificultades locales podría mejorar sustancialmente la situación actual de los campesinos.

Para demostrar que esto es posible cita el ejemplo de Agrosolidaria, una organización auto gestionada que intenta optimizar los escasos recursos de las familias. Ayudan a identificar las potencialidades, los patrimonios naturales y los saberes tradicionales para mejorar la producción de pequeños y medianos campesinos con cambios sustanciales, como la provisión de herramientas o la creación de un sistema de finanzas solidarias.

Esta iniciativa privada se consolidó gracias a una organización francesa que les prestó dinero. Lastimosamente, en nuestro territorio fueron muchos los que les dieron la espalda: “los operadores de los sistemas financieros son muy urbanos y no creen en los sistemas comunitarios como el nuestro ¿si creen inversionistas europeos, que han venido a conocer lo que hacemos, por qué no los que están en el país?”.

Por otro lado, lo que ocurre con las estrategias públicas, según Eberto Díaz, es que cuando se asignan los recursos a las regiones para ser ejecutadas, quedan a cargo de la “clase politiquera” que no le da un bueno uso. Recuerda el paro agrario de 2013, cuando se acordó con el Gobierno invertir $250.000 millones para pequeños proyectos productivos. A esta altura no los han ejecutado por las innumerables trabas jurídicas y porque plata se ha embolatado. Lo mismo cree que sucederá con Colombia Siembra, un proyecto que pretende ampliar a un millón las hectáreas sembradas en el país a 2018.

A esto hay que sumarle la inestabilidad institucional. Son varias las organizaciones que se quejan porque se crearon la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, pero ninguna está en funcionamiento. Eso sin contar que la liquidación del Inconder sigue en veremos.

Si ni siquiera el Estado está instituido, se preguntan cómo podrían los productores sobrevivir en este río revuelto. Bonilla ahonda en la importancia de organizar el agro para lograr ser competitivos y sobre todo justos con los campesinos. Actualmente, hay comercializadores colombianos que prefieren importar productos de otros países y venderlos aquí, pues es mucho más económico: “traen papa de Ecuador o Quinua de Bolivia, cuando aquí se producen ¿por qué? Porque esos países lograron organizarse, más allá de lo operativo. Se debe entender que los campesinos necesitan una asistencia integral que incluyan temas técnicos, económicos, sociales y culturales”.

Ante estas críticas, Juan Pablo Pineda, viceministro de Asuntos Agropecuarios, asegura que desde el Gobierno se dio un gran paso con la Misión Rural, un documento con el que expertos del sector le hacen saber al presidente Juan Manuel Santos las grandes falencias que hay en las zonas rurales y le muestran una hoja de ruta por la que debe avanzar en la política pública de las próximas dos décadas.

Pineda reconoce que durante años el campo fue olvidado y tratar de reactivarlo toma tiempo: “Colombia tiene una frontera agrícola grande y hasta ahora pudieron acceder a ella. Antes era muy peligroso ir al campo y la economía no era tan sólida como la actual y menos había una política financiera sólida para apalancarse. Todo eso lo estancó”.

Aunque resalta que las soluciones no se ejecutarán tan rápido, aclara que trabajan fuertemente para impulsar cinco puntos: enseñar saberes de cultivo, inducir la extensión rural y la asistencia técnica, blindar el campo contra los riesgos para generar mayor confianza a los inversionistas, aumentar el acceso al crédito fácil y ágil, y llevar a varios rincones escuelas de emprendimiento rural.

El viceministro resalta que el año pasado el sector creció 3.4%, una cifra que está por encima del incremento de la economía: “eso no pasaba. El agro era el patito feo y se convirtió en el gran cisne. De Latinoamérica, nuestra agricultura fue el que más impulso el PIB nacional”. Y añade que, en 2015, fue este sector el que produjo el 44% del empleo formal del país. De ese porcentaje, el componente de empleo que más creció fue el parcelero.

Es enfático en que todo aquel que pueda sembrar es bienvenido en las políticas de Gobierno: “desde esta cartera se busca darles protagonismo a todos los actores y no solo a los medianos y pequeños productores”. Por eso, señala que las Zidres son una buena opción para agrupar tierras y articularse entre todos. La idea es que sean áreas apartadas de las ciudades, en donde se realizarán inversiones para empezar aumentar la producción.

Sin embargo, organizaciones y algunos políticos, como Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, atacan la ley pues algunos territorios, como los baldíos, podrían ser arrendados por grandes compañías agroindustriales y no se entregaría a humildes campesinos, que son los que realmente lo necesitan.

Reconoce que estamos muy atrasados en infraestructura y que los colombianos comemos más comida de otros países. Pero destaca que por eso crearon Colombia Siembra, una estrategia con la que buscan sustituir importaciones y aumentar capacidad exportador. Hasta ahora el balance es positivo: ha habido aumento de 170.000 hectáreas cultivadas y 230.000 personas se inscribieron para participar en el proyecto. Sin embargo, la meta es tan alta que ha sido criticada hasta por la FAO.

En cuanto al asunto del desorden institucional pide paciencia, pues crear dos agencias no es una tarea sencilla. Actualmente, están en los trámites operacionales para entregarlas a los funcionarios que estarán al mando.

Lo cierto es que la mayoría de los actores están cansados de esperar resultados por más de cuatro décadas. Como lo resume Mario Bonilla: “por momentos es desesperanzador porque muchos campesinos prefieren cambiar de trabajo y dejar sus tierras, y uno se pregunta: Si no hay agricultores, ¿qué va a ser de esta sociedad colombiana?”.

ldulce@elespectador.com

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