¿Puede haber alguien que no quiera la paz en Colombia?



El 40% de los ciudadanos que votará «no» en el plebiscito del 26 de septiembre, según las encuestas, temen que se entregue el país a un grupo narcotraficante.

Ramón Pérez-Maura - PerezMaura Enviado Especial A Bogotá 

El pasado miércoles a medio día varios centenares de jóvenes de entre 20 y 25 años aproximadamente bloqueaban frente al Club El Nogal la Carrera Séptima de Bogotá, la principal arteria del Norte de la capital colombiana. ¿Qué les convocaba? Manifestarse en favor del «no» en el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana «para la paz» en Colombia. Muchos medios de comunicación internacionales no juzgaron necesario hacer ninguna referencia a esa manifestación en sus ediciones del jueves, en las que dedicaban amplio espacio al «Foro por la Paz», en el que intervino el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y tres expresidentes: Belisario Betancur, César Gaviria y Ernesto Samper. Lo mismo ocurrió con la práctica totalidad de los medios colombianos que niegan voz a los defensores del «no» en el plebiscito del 26 de septiembre. Y eso a pesar de que según las encuestas esa opción cuenta con un 40 por ciento de respaldo.

¿Qué puede preocupar a colombianos como esos cientos de jóvenes que se manifiestan en contra de algo tan aparentemente perfecto como es lograr la paz después de 52 años de conflicto con un grupo terrorista y narcotraficante? Ellos creen que se está entregando el país a una organización narcotraficante y que no va a haber paz porque hay multitud de grupos armados que siguen en la lucha terrorista.


De los 161 compromisos, 114 deberá ejecutarlos el Gobierno, tres las FARC y 43 de forma conjunta

Jaime Castro, profesor de Derecho Público y ministro del Interior en el Gobierno de Belisario Betancur, explica que «Santos decidió que su puesto en la historia era ser el artífice de La Paz». Lo que en sí mismo podría ser muy bueno. Pero para ello se firmó en La Habana un acuerdo de 279 páginas que contiene, según el minucioso estudio publicado por el senador Iván Duque, 161 compromisos en total. Es decir, que las partes asumen su responsabilidad de ejecutar algo que reclama la contraparte. De esos 161 compromisos, 114 deberá ejecutarlos el Gobierno respondiendo a las demandas de sus interlocutores, tres los deben ejecutar las FARC Y 43 conjuntamente el Gobierno y las FARC (uno es conjunto entre el Gobierno y grupos étnicos). No da la sensación de que sea mucho lo que se ha exigido al grupo narcoterrorista.

La ex ministra de Defensa y ex candidata a la Presidencia por el Partido Conservador en 2014, Marta Lucía Ramírez, afirma que las FARC «lograron lo impensable para ellas: que su programa político se incorpore al bloque constitucional». Porque si se aprueba en el plebiscito este acuerdo, las 279 páginas pasarán a formar parte de la Constitución sin que puedan ser enmendadas nunca jamás. La única forma de deshacerse de ellas sería promulgando una nueva Constitución. Y esto, en palabras del profesor Jaime Castro, se parece mucho «a la Constitución de Arabia Saudí, que dice que el Corán hace parte de la Constitución. Y no se puede enmendar, claro. Aquí quieren meter el acuerdo de La Habana con el mismo rango que el Corán».
Asesor español

En La Habana se ha establecido una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el asesoramiento del abogado comunista español Enrique Santiago. Este militante de IU con despacho en el barrio de Salamanca de Madrid, describe su triunfo sin recato: «Es la primera vez que en un proceso negociado de finalización de un conflicto armado interno se acuerda un tribunalcon competencia para examinar la responsabilidad de todos... No solo de todos los combatientes (entre los que se incluyen, obviamente, los militares y policías), pues el sistema establece competencia para exigir responsabilidad a civiles políticos (que tuvieron asiento en el Consejo de Ministros) y a financiadores e instigadores del paramilitarismo (empresarios y hacendados) (...)». A nadie puede sorprender que las FARC consideren este acuerdo único y ejemplar.

En realidad esta JEP crea un nuevo derecho porque podrá juzgar cualquier hecho que se considere conexo con el conflicto sin importar que ya haya sido juzgado anteriormente por la justicia ordinaria Y haya habido condena. La inseguridad jurídica es total.


Ni siquiera quienes hayan vendido a las FARC sus cultivos de droga para que ellas los pusieran en el mercado internacional podrán ser juzgados por narcotráfico

Las FARC, que empezaron su guerra hace medio siglo como brazo armado del Partido Comunista, son hoy en realidad un importantísimo cartel de la droga. Razón por la que el acuerdo de La Habana convierte el narcotráfico en delito conexo a la lucha armada. Ni siquiera quienes hayan vendido a las FARC sus cultivos de droga para que ellas los pusieran en el mercado internacional podrán ser juzgados por narcotráfico. Para eso se gastó Estados Unidos más de 7.000 millones de dólares en el Plan Colombia. Para que el narcotráfico acabara siendo considerado un elemento revolucionario. Con el agravante, en la interpretación de Castro, de que «el proceso de paz es una gigantesca operación de lavado de activos, que tampoco exige repatriación o declaración de capitales ni las sanciones correspondientes».

Finalmente, los jefes de la guerrilla, que están incursos en delitos de lesa humanidad, como por ejemplo emplear a menores como guerrilleros porque no son penalmente responsables, no tendrán que pagar un día de cárcel si confiesan sus culpas. Todo lo más, serán enviados a unas granjas a realizar labores sociales hasta un máximo de ocho años. Algo que todavía está por ver que sea aceptado por la Corte Penal Internacional y que Human Rights Watch ha denunciado con dureza. Algo que hace decir a Marta Lucía Ramírez que «para la paz hay que priorizar el estado de derecho, lo que aquí no ocurre. Por eso, decir “sí” sería una irresponsabilidad».

El registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Juan Carlos Galindo, presentó este jueves la papeleta electoral para el plebiscito sobre los acuerdos de paz, que se celebrará el 26 de septiembre- EFE

Un acuerdo para no cumplir 
Es fácil encontrar colombianos que admiten que votarán «sí», pero que reconocen sin tapujos que lo hacen con enorme escepticismo. Pero uno de los argumentos más sorprendentes que se escucha a estos escépticos es el de que los acuerdos en realidad no se van a cumplir. Y para ello hay una razón sencilla: no hay forma de financiar los aproximadamente 30.000 millones de dólares que implican los compromisos adquiridos por el Gobierno en La Habana. La Presidencia se ha negado a cuantificar el coste, pero diferentes expertos los cifran en torno a esa cuantía. Implica un alto grado de optimismo creer que en los acuerdos no se va a cumplir con los compromisos que tienen un alto coste económico, pero sí se conseguiría la plena integración de los guerrilleros en la vida civil.
Quienes sostienen esa imposibilidad afirman que las FARC saben que lo acordado es inviable. Y que su dirigencia lo ha suscrito como vía para seguir dedicándose al narcotráfico. Lo que también es dudoso porque es imposible mantener grandes cultivos sin una protección armada de los mismos.
La posible dejadez del Gobierno ante los narcocultivos ya se ha visto contestada por el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, llegado al cargo el 1 de agosto. Santos ordenó detener las fumigaciones aéreas de esos cultivos en 2012. Entonces el total de superficie cultivada era de 47.788 hectáreas. Según la Fiscalía se llegó a casi 97.000 el año pasado, y la cifra actual supera de lejos las 100.000 hectáreas.

Entradas populares