Fallo del Fast Track: ¡Ese articulito, No se entendió!


La explicación que dio la presidenta de la Corte Constitucional sobre ese mecanismo confundió aún más las cosas. SEMANA analiza por qué.

La presidenta de la Corte Constitucional anunció el fallo el martes pasado. Foto: Carlos Julio Martínez



Todo lo que sucedió con el fast track -o el procedimiento abreviado- era previsible. La Corte Constitucional tenía que resolver el asunto sin darle un portazo al proyecto bandera del gobierno. Como se había perdido el plebiscito y la vía rápida para la implementación dependía del triunfo de este, los magistrados se encontraban frente a una sin-salida: cómo salvaguardar la integridad de la Constitución sin poner en peligro el proceso de paz con las Farc.

No era fácil. El fast track es un mecanismo excepcional y muy polémico que permite hacer reformas constitucionales en la mitad del tiempo, al trasladarle poderes extraordinarios al presidente y al quitárselos al Congreso. Para la oposición, y para algunos juristas, le estaría otorgando a Santos un poder semidictatorial para expedir decretos con fuerza de ley y, por otro lado, le prohibiría en la práctica al Congreso modificar el contenido de los proyectos que el gobierno presentará para la implementación de los acuerdos.

Dada la fragilidad del cese al fuego y el ritmo de trabajo del Congreso, la fórmula tenía cierta lógica en términos pragmáticos. Pero jurídicamente la situación era cuesta arriba. Como el artículo quinto del Acto Legislativo para la Paz condicionó la entrada en vigencia del fast track a la refrendación popular del acuerdo final, la derrota del plebiscito volvía inaplicable la vía rápida.

Como hacer otro plebiscito entrañaba riesgos, demoras y costos, el presidente lo descartó y sometió el acuerdo a la refrendación del Congreso. Para solucionar el cuello de botella se requería que la Corte Constitucional considerara que esa modalidad correspondía al concepto de “refrendación popular” que exigía el Acto Legislativo.

La corte tenía un dilema. Para comenzar, la demanda en estudio no cuestionaba el artículo quinto, el que condicionaba el fast track al triunfo del Sí en el plebiscito. Por esto, tocaba encontrar alguna fórmula para eliminar este obstáculo.

Frente al problema de fondo, si el artículo quinto era o no constitucional, los magistrados no resolvieron nada. La fórmula que encontraron fue la “interpretación” del mismo, la cual – explicada por la ponente y presidenta del alto tribunal, María Victoria Calle– resultó dificilísima de entender.

La interpretación, lejos de aclarar las cosas, las complicó más. La solución que esperaban el gobierno y los partidarios del proceso era que la refrendación indirecta vía Congreso fuera considerada “refrendación popular”, porque los parlamentarios fueron elegidos por el pueblo. Eso para la oposición era el conejo con el argumento de que nueve magistrados estaban desconociendo la decisión de más de 6 millones de colombianos que votaron por el No. Aun así, si la corte lo interpretaba de ese modo, el supuesto conejo se convertía en una realidad jurídica indiscutible que permitía la entrada en vigencia del fast track.

Pero no sucedió así. El texto con el cual la corte sustentó su interpretación tenía algunos elementos en sentido contrario. A la letra dijo: “La refrendación popular debe ser un proceso en el cual haya participación ciudadana directa”. Esa frase no ha sido suficientemente analizada en medio de los titulares según los cuales la corte avaló el fast track.
Lo que pudo haber sucedido es que hubo dos tendencias mayoritarias en el alto tribunal: los que consideraban que la paz tenía prioridad sobre el debate semántico alrededor del concepto de “refrendación popular”. Y los que consideraban que ese no era un debate semántico, sino de gran envergadura constitucional pues Congreso no es lo mismo que constituyente primario.

Como la presidenta de la corte, la doctora Calle, había dejado claro en su ponencia original que ella pertenecía a este segundo grupo, en el fallo trató de armonizar su posición con la del otro bando. Ese malabarismo dio la impresión inicial de que el problema se había solucionado, pero al escudriñar el texto con cuidado aún no hay claridad total.

La Corte Constitucional le pasó la interpretación de esa papa caliente al Congreso. Eso no se esperaba pues la exequibilidad de las normas es facultad exclusiva de la Rama Judicial y no de la Legislativa. Ahora está sucediendo que el Congreso, para facilitar la implementación de los acuerdos, está considerando su propia refrendación como “popular” y “directa”. Así lo certificó la Cámara de Representantes en una proposición votada esta semana.

Esa luz verde ha sido transitoria. Por un lado, el Senado, por medio de voceras como Viviane Morales y Claudia López, ha dejado saber que no tomará ninguna decisión hasta que la presidenta de la corte explique lo que hasta ahora pocos han entendido. Y por otro lado, falta la última etapa: cualquiera que sea la decisión del Congreso, el tema tendrá que volver a la corte para decidir sobre su constitucionalidad.


Lo que se puede anticipar a estas alturas es que el Senado eventualmente también lo aprobará y habrá fast track. Sin embargo, la seguridad jurídica no será una realidad hasta que llegue la decisión final de la corte. A eso se suma que en pocos meses cambiarán cinco de sus nueve magistrados y nadie sabe cuál será su posición.

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