Firmas anti-corrupción = Oportunismo electoral


Enrique Santos Molano - Eltiempo

¿Cómo acabar la corrupción? 
Quién iba a pensar que esa fórmula, dividida en siete capítulos, la inventarían en Colombia.

Con tono solemne, de trompeta, que no le es habitual, Julio César Londoño anuncia en su columna de El Espectador (4 de febrero del 2017) una noticia sensacional: “No es fácil vencer la corrupción, pero ya hay pasos en la dirección correcta”. Una maravilla, que el columnista describe como “una iniciativa poderosa”, “una bella revuelta civil” que lideran cinco próceres insurgentes: Sergio Fajardo, Antonio Navarro Wolff, Clara López, Claudia López y el mariscal Jorge Robledo. En qué consiste la bella revuelta civil que promueven los cinco aspirantes presidenciales, lo revela Londoño con la emoción del que acaba de descubrir que el agua moja.

Se trata de conseguir cinco millones de firmas “para avalar una estrategia contra la corrupción que contempla siete medidas tácticas”. Fabuloso. Los cinco líderes de la revuelta dieron con la fórmula que durante varios milenios ha desvelado a filósofos y pensadores afilados. ¿Cómo acabar la corrupción? Quién iba a pensar que esa fórmula, dividida en siete capítulos, la inventarían en Colombia.

El primer capítulo, de acuerdo con Julio César Londoño, es “reducir en un 40 por ciento el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado”. ¡Qué cabezazo! Sin embargo, me temo que esa fórmula, apenas útil para rebajar gastos en la nómina del Gobierno, lejos de disminuir parejamente la corrupción, conseguirá duplicarla o triplicarla. La receta anticorrosiva que propone el primer capítulo de la gran estrategia es tan ingenua como pensar que si le rebajamos el sueldo a la cocinera, mejorará la sazón. El problema del Congreso y de la burocracia no es el sueldo de los congresistas ni el de los funcionarios, sino la mala calidad de esas personas que ejercen funciones públicas. Vuelvo a traer a cuento la reflexión que les hacía Antonio Nariño a los miembros del Colegio Electoral en 1812: “Se necesita toda la sabiduría del mundo para hacer una ley, y sentido común para aplicarla”. El Congreso de la República debería ser un cuerpo integrado por sabios, y sabiduría implica, además de conocimiento, un alto grado de honestidad, de patriotismo y de convicción en que cada ley que se aprueba debe servir a los intereses de todos, y no a los de unos cuantos cabilderos y particulares que financian las campañas de gentes mediocres y corruptas que llegan al Congreso como asaltantes a un banco. No es reducir el sueldo de congresistas y funcionarios el método apto para acabar la corrupción, sino cambiar las costumbres, establecer procedimientos de filtración que permitan que a la burocracia solo tengan acceso personas idóneas, de honestidad acrisolada, verdaderos sabios cuyas capacidades van a garantizar a los ciudadanos un gobierno democrático, es decir, para el servicio de todos.

Los otros seis capítulos de la “estrategia contra la corrupción” son igualmente anodinos. Atractivos como fuegos artificiales, no tendrán el menor efecto práctico en la lucha contra la corrupción. La “bella revuelta” de los cinco líderes, quienes andan repartiendo planillas para firmar por las redes sociales y los distintos chats, despide un aroma inconfundible a oportunismo electoral, qué coincidencia, en un año preelectoral. Las siete estrategias no dicen nada de abolir el régimen neoliberal, que es el más grande principio de corrupción a todos los niveles, el mayor productor de injusticia social, lo peor que le ha ocurrido a la humanidad, y por supuesto a Colombia, en los últimos cincuenta años. Mientras perviva el régimen económico neoliberal (que no guarda relación alguna con el noble liberalismo filosófico) la corrupción seguirá campante como el whisky Johnnie Walker.

Tampoco se vislumbra en la estrategia contra la corrupción, para la que los tres líderes y las dos lideresas buscan el aval de cinco millones de firmas, ninguna de las grandes reformas (educativa, política, social, económica y judicial) que el país requiere imperiosamente si el empeño es crear un mecanismo incorruptible capaz de mantener impolutas en el tiempo las hoy corroídas ramas del poder público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial.

Las banderas contra la corrupción que ondean en tiempos electorales están agitadas por los vientos del oportunismo electorero.

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